El fiscal Giancarlo Capaldo, que instruye el sumario por varias desapariciones en el marco del llamado Plan Cóndor durante las dictaduras latinoamericanas, espera que "en pocos meses" pueda enviar a juicio a los militares involucrados en la desaparición de once ciudadanos de origen italiano. El fiscal extendió a jefes militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil la acusación de homicidio múltiple con agravantes que en principio había formalizado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. El sumario está todavía en fase de instrucción y según explicó Capaldo la decisión de incluir nuevos nombres en el registro de los imputados se debe a la existencia de "indicios" de haber cometido un delito. Entre los incluídos figuran cerca de medio centenar de militares y agentes de los servicios secretos argentinos, entre los que figuran Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola, Emilio Massera y Guillermo Suárez Mason, ya condenado a cadena perpetua por un tribunal de Roma por el caso de otros siete desaparecidos de origen italiano en la Argentina. Según recordó Capaldo, la investigación se basa en la petición de familiares de desaparecidos que han pedido la determinación de responsabilidades en el caso. A mediados de 1999 y por una petición del Ministerio de Justicia italiano, la fiscalía de Roma abrió este sumario referido a la actuación de Pinochet durante su gobierno y según fuentes judiciales hay elementos de prueba que documentan la colaboración entre los distintos regímenes militares en la desaparición de personas. Esa cooperación adoptó la forma del denominado Plan Cóndor, presuntamente urdido por Pinochet y basado en la detención, tortura y muerte de personas y en el que estuvieron presuntamente implicados los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Las desapariciones que investiga el fiscal romano son las de los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos en Argentina. Asimismo, el representante del ministerio público indaga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil y el de los también argentinos Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
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