El juez federal Gabriel Cavallo se convirtió en la última semana en la vedette del ambiente judicial con dos medidas trascendentes, que elevaron el perfil con el cual se venía manejando. El magistrado sorprendió cuando declaró la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, promulgadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín tras un par de asonadas militares protagonizadas por los carapintadas. Luego de asumir la investigación de los presuntos pagos de coimas en el Senado de la Nación para aprobar la ley laboral, que era instruida por el suspendido juez Carlos Liporaci, Cavallo pretende dar un vuelco en una causa que hasta ayer aparecía en punto muerto. El allanamiento que ordenó ayer en las oficinas de la Sigén constituyen un indicio en ese sentido. El organismo que preside el rosarino Bielsa ya había demostrado irregularidades en la Side, cuando detectó un movimiento millonario de fondos en la central de inteligencia y que precipitó la salida de su titular, Fernando de Santibañes.
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