Durante siete años Ciudad Juárez vivió aterrorizada por una oleada de asesinatos de mujeres jóvenes, cuyos cadáveres aparecían abandonados en el desierto. Hace dos años fueron arrestados varios choferes de autobuses, y con ello se creyó poner fin al terror. Pero los asesinatos y el temor regresaron a la localidad industrial abundante en fábricas de ensamblaje conocidas como maquiladoras.
Pero, a diferencia de antes, la mujeres de Juárez se han unido ahora en un frente solidario para enfrentar el miedo y han realizado manifestaciones para reclamar que se redoblen los esfuerzos para poner coto a los asesinatos.
Estudiantes, vecinos, empleados fabriles, choferes y grupos religiosos se movilizaron para dar con el paradero de Guadalupe Luna, una estudiante universitaria de un barrio de clase media desaparecida. A menudo, en años recientes, tales relatos han tenido como desenlace el descubrimiento de los cadáveres de las desaparecidas, violadas y mutiladas, arrojados en el desierto.
Las autoridades de México y Estados Unidos han dicho que no existen indicios de que los asesinatos sean obra de un mismo homicida. La policía rastreó intensamente el desierto en octubre a pie y con helicópteros. Los agentes no hallaron a Guadalupe Luna, pero sí el cadáver de otra jovencita, de 15 años, que había desaparecido en junio.
Nuevos temores
Los habitantes de Ciudad Juárez creyeron que la ola de asesinatos había llegado a su fin en marzo de 1999 tras los arrestos de los choferes, algunos de los cuales confesaron haberlos perpetrado. Pero los temores resurgieron el 2 de abril del 2000 cuando se descubrió el cadáver de otra jovencita en la misma zona del desierto donde se habían hallado los restos de las previas víctimas. Las características del hallazgo, según las autoridades, se asemejan mucho a los previos casos: la edad de la víctima oscilaba entre los 15 y 17 años, y antes de ser estrangulada había sido violada. Otro cadáver fue descubierto en condiciones similares en junio, y otras más algún tiempo después. Las víctimas suman por lo menos 60.
Presuntamente, el principal sospechoso, el egipcio Abdel Latif Sharif, le habría pagado a una decena de individuos, incluyendo los choferes, para que perpetraran los asesinatos en forma parecida y poder distraer así a las autoridades. Inicialmente, fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero la condena fue anulada en abril pasado tras una apelación.
Sully Ponce, fiscal especial para delitos contra la mujer creada en 1998 a raíz de la preocupación generalizada, afirma que los asesinatos más recientes son obra de imitadores. Pero también se queja de que su despacho no recibe recursos financieros suficientes por parte del gobierno del estado de Chihuahua. La recopilación de muchas de las pruebas antes de 1998 no se hizo en regla, y la fiscalía apenas cuenta con un equipo de ocho investigadores, agobiados por la nuevas 50 desapariciones sin resolver y 39 cadáveres de mujeres no identificados.
En tanto, los activistas atribuyen la situación en Juárez a la industrialización de la ciudad y a una cultura en la que las mujeres son vistas como objetos sin valor.