Javier Felcaro
La abogada Matilde Bruera aseguró que a partir del fallo del juez federal Gabriel Cavallo, que decretó la inconstitucionalidad y "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final, se aunarán esfuerzos para tratar de que distintos tribunales de la Argentina sean depositarios de presentaciones en procura de tal fin. Según explicó la letrada a La Capital, ya se trazó un objetivo de máxima para Rosario: la reapertura de la Causa Feced con consecuencias penales.
"Es una resolución trascendente, que abre una posibilidad de juzgamiento penal más amplio del que se venía realizando", enfatizó Bruera.
Hasta el momento, las únicas causas penales en trámite son las que fueron abiertas por el robo de bebés y las que se están instruyendo por el principio de jurisdicción universal en España, Italia, Francia y Alemania.
Si bien el pronunciamiento de Cavallo tiene efectos directos en la causa por el secuestro de Gertrudis Hlaczik y José Poblete (ambos desaparecidos), cuya hija Claudia fue entregada a apropiadores, también le abre la puerta a la posibilidad de que distintos tribunales del país resuelvan en consecuencia.
"Incluso, lo más probable es que la resolución sea apelada, termine con un recurso en la Corte Suprema y que ésta lo confirme. De ocurrir esto, será un precedente mucho más importante", agregó la abogada.
Por lo pronto, la Fiscalía tendría decidido no apelar la decisión del magistrado. A pesar de que los fiscales Luis Comparatore y Patricio Everes se excusaron de anticipar cuál será la determinación que adoptarán -el plazo vence mañana en las dos primeras horas hábiles-, fuentes judiciales confirmaron que no habría cuestionamientos al fallo.
Quien ya adelantó que apelará la resolución es el detenido ex oficial Julio Simón, alias El Turco Julián, integrante del aparato represivo durante los años de plomo. Además, tiene previsto solicitar la suspensión de la audiencia que Cavallo fijó para el jueves próximo a fin de indagarlo por el secuestro y desaparición de Hlaczik y Poblete.
"El fallo abriría la posibilidad de que en todo el país se hagan presentaciones similares, y que las causas de la verdad se transformen en causas penales", explicó Bruera, quien está evaluando a fondo el pronunciamiento difundido el martes pasado y los precedentes.
En ese sentido, indicó que "en cada lugar existen precedentes distintos", y recordó que en Rosario se sustanció un juicio en su momento y que existe un pronunciamiento de la Cámara Federal en relación a las controvertidas leyes de la impunidad. "Hubo dos votos que plantearon la inconstitucionalidad del punto final y la obediencia debida", destacó la letrada.
Luego anunció que se realizará una reunión nacional de abogados de La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, probablemente en abril próximo, para definir los pasos a seguir.
"La idea es fijar una estrategia en común, más allá de que algún abogado realice una presentación sin esperar decisiones en conjunto", afirmó Bruera.
El objetivo del trabajo en red apunta evitar que "así como salió un pronunciamiento favorable, se produzca, sin querer, otro en contra". También será clave la elección del momento, el juzgado y la causa ("una donde haya muchas pruebas recolectadas") en la cual se concretará la presentación.
En Rosario, la consecuencia inmediata sería la reapertura de la Causa Feced con consecuencias penales. Retrocediendo en el tiempo, la Cámara Federal local resolvió en su momento no abrirla por los efectos de la obediencia debida y el punto final.
"No hay duda de que estas leyes son inconstitucionales", arremetió Bruera, quien consideró que el fallo de Cavallo cuenta con importantes fundamentos juridicos como para que todos los tribunales, e incluso la Corte, se pronuncien.
De inmediato, la abogada se mostró optimista acerca de la eventual respuesta que pueda surgir del máximo tribunal: "Es un momento distinto, toda la lucha por la memoria demostró que no se puede saldar este tema sin Justicia. Además, hay demasiados pronunciamientos internacionales".
Días atrás, voceros de la Corte revelaron que no existen razones de urgencia para que el cuerpo revise la decisión del juez sin previa intervención de otros tribunales de alzada.
Bruera también destacó como precedente el hecho de que el Congreso nacional haya derogado con anterioridad las polémicas normas, e hizo hincapié en que ahora la nulidad de estas leyes genera la posibilidad de juzgar aquellos delitos por los cuales "nunca debió negarse el derecho a la Justicia".
"Hay que empezar los juicios penales en serio. Esto fue, en su momento, un renunciamiento ético", sentenció.
Asimismo, Bruera salió al cruce de distintas voces provenientes del sector castrense, que cuestionaron el reciente fallo judicial "porque es un obstáculo para la reconciliación nacional". Frente a este posicionamiento, la abogada se mostró contundente: "La historia ha demostrado que sin justicia no hay reconciliación".
Por último, puso de relieve un tema que fue abordado en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, que se realizó la semana pasada en España. "Este genocidio no es un hecho del pasado. Respondió a una estrategia de imponer un modelo económico que hoy estamos sufriendo en el país. Estamos padeciendo el genocidio de la pobreza", concluyó Bruera.
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La Ciudad
