La decisión del gobierno provincial de unificar el uso de radares para el control de la velocidad en las principales rutas que atraviesan poblaciones debe ser saludada con enorme beneplácito. Ello como consecuencia de que esa decisión se hace eco de la imperiosa necesidad que existe respecto del dictado de una reglamentación que permita acabar, o aunque más no sea morigerar, los litigiosos entredichos que surgen con motivo de la utilización de ese eficaz instrumento de la nueva tecnología. Instrumento que, justo es reconocerlo también, muchas veces es utilizado por municipalidades y comunas con un mero y arbitrario afán recaudador, circunstancia que en modo alguno cabe aceptar. Ello porque de lo que en el fondo se trata es de brindar antes que nada una mayor y efectiva seguridad al desplazamiento por los caminos.
El decreto que tiene a la firma el gobernador Carlos Alberto Reutemann fue redactado por técnicos y funcionarios de la Seceratría de Transporte, quienes de manera pormenorizada contemplaron prácticamente todas las cuestiones factibles de discusión que tiene en estos momentos la normativa vigente. Por ejemplo, establece que la cartelería anunciando la presencia de los radares, compuesta por seis alertas bien visibles, debe estar ubicada 600 metros antes de donde se efectúa la medición y debe ser provista por Vialidad provincial. También que los radares tienen que estar ubicados dentro de la zona urbana y no sobre las curvas, siempre con su presencia señalizada por balizas.
Respecto de la velocidad máxima permitida, la fija en 60 kilómetros por hora, disponiendo que en la foto de infracción se debe identificar el dominio del vehículo y el lugar, día y hora de la infracción, así como la velocidad máxima permitida y la máxima registrada. A ello se suma la identificación del órgano de control y del equipo utilizado, además de la sanción prevista. Aún no se sabe si, como todavía se discute en la Secretaría de Transporte y el gobierno, la primera multa que se labre a cada infractor y a modo de advertencia, será de condonación automática, para recién en la siguiente falta sí hacer caer todo el peso de la sanción.
Como puede observarse de la lectura de estos aspectos del decreto, que en modo alguno son todos los contemplados en el texto actualmente a la aprobación del titular del Poder Ejecutivo, las autoridades pretenden normalizar todo el sistema, cerrando incluso hasta los más mínimos intersticios que faciliten una fuga hacia situaciones litigiosas. Ojalá que este sano objetivo de sana y justa administración se logre con la puesta en marcha de dicha reglamentación, que debería regir con máxima efectividad en el menor tiempo posible.
La Ciudad
