Que conste en actas

Un juez de garantías de Junín, provincia de Buenos Aires ordenó a un agricultor que había sembrado su campo con semillas mejoradas - cuestionadas por una empresa semillera- que coseche el trigo que obtenga y lo deposite en un silo a disposición de la Justicia. 2- En los tribunales de Rosario entró una denuncia a un productor de la localidad de Chabás, por vender semilla en forma ilegal de soja de última generación que no le pertenecía. Así se extiende a nivel judicial la pelea por la legalidad de las semillas y los perjuicios contra las empresas detentoras de la propiedad intelectual.
José Raúl Luchini, el juez que ordenó el secuestro de la producción de un agricultor juninense que había sembrado su campo con semillas mejoradas "Baguette 10", una variedad que recién este año ingresó al mercado.
La empresa semillera, representada por el abogado José Satrasin, denunció el uso indebido de esa variedad ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 y aseguró que el agricultor se había apropiado en forma indebida de ese tipo de semilla.
Según el denunciante esta variedad puede aumentar "en forma geométrica" el rendimiento de la producción y está registrada como marca la empresa que representa.
Ante estas circunstancias el juez Luchini ordenó preventivamente al agricultor que coseche su trigo producto de la semilla cuestionada, y lo deposite en silo a disposición del juzgado.
El magistrado señala que su decisión se basa en la "necesidad de la recolección del cereal" ya que el paso del tiempo puede "provocar la pérdida de la producción", un hecho que agravaría los perjuicios económicos.
Añade el juez que también se preservan así "elementos que pueda servir como prueba".
En tanto que otra denuncia similar fue realizada ante el juzgado federal uno de Rosario, a cargo de Silvia Aramberri, por el abogado Angel González del Cerro.
En este caso el letrado acusó a un agricultor de Chabás, Departamento Caseros, en la provincia de Santa Fe, por vender en forma ilegal semilla de soja de última generación que no le pertenecía.
González del Cerro acusó al vendedor de semilla de violar la ley 22.362 (de marcas y patentes) por traficar con semillas de soja que pertenecen a la empresa que representa.La norma legal pena con prisión de tres meses a dos años a quien "ponga en venta o venda una marca registrada" que pertenezca "a un tercero sin su autorización".
Las semillas usadas en ambos casos en forma ilegal, según las acusaciones, tienen valor no en lo material sino en la información genética de las variedades ya que fueron mejoradas para obtener mayores rendimientos en los cultivos.