El comercio ilegal de semillas en Argentina es un tema de vieja data, que provoca rispideces en los distintos actores del sistema. La pelea de intereses es muy fuerte sobre todo porque lo que está en juego es cobrar o dejar de pagar cifras millonarias. Los dueños de las patentes (obtentores) quieren cobrar un royalty por su derecho intelectual y aducen el esfuerzo invertido en la genética de la simiente. Pero los productores productores se quejan porque a su entender pagan muy caro ese derecho, al tiempo que critican que ese costo de investigación se debe pagar por repetido. Por su parte, los semilleros cuestionan el perjuicio que les ocasiona las denominadas bolsas blancas y proponen un nuevo modelo para el sistema de semillas con el presupuesto de que la fórmula vigente entró en crisis". Otro punto de conflicto es a qué se llama "semilla ilegal", una discusión que aflora en los desdibujados límites de las semillas para uso propio.
Argentina va en camino a una cosecha récord en soja, cultivo que junto con el trigo provoca más de un dolor de cabeza a las empresas por el incremento año tras año de las semillas ilegales.
Según la Asociación Argentina para la protección de las obtenciones vegetales (Arpov) en esta última campaña sólo un 24 por ciento de las simientes utilizadas fueron legales. Su presidente, Adolfo Marrull sostuvo que "no es justo que un pequeño grupo de productores sostenga un sistema que está en crisis porque hay abusos y no se paga todo lo que se invierte en investigación y genética".
La organización privada que aglutina a los criaderos es una de las entidades que milita fervientemente para que se reconozca la investigación y la tecnología aplicada en las semillas y de la necesidad de que sus autores reciban el royalty.
Algunos miembros del sector, sostienen que su defensa está muy ligada a los intereses de las empresas productoras y que no tienen en cuenta las otras puntas del ovillo.
"El valor de una semilla no está en lo material (una bolsa de semillas) sino en algo intangible, que es la información genética completa de la variedad. Dicha información permite, a partir de esa semilla, obtener un cultivo de mayores rendimientos, excelente estabilidad, con variadas resistencias y demás atributos pudiendo el productor acceder a un beneficio superior seleccionando una buena semilla y ser competitivo en un mercado globalizado", explica un informe de Arpov.
Cómo germinó el problema
Uno de los temas de la discusión son los límites de lo que podría determinar la legalidad de un semilla. Desde esa perspectiva, la ley nacional 20247 contempla que aquellos productores que produzcan simientes para uso propio, se lo comuniquen a la empresa que detenta la propiedad de la misma y estarían exceptuados de pagar las regalías.
La cuestión genera controversias porque para algunos esta excepción permite muchos abusos, ya que algunos semilleros y también algunos productores producen semillas para luego comercializar.
"Muchas de las semillas que se dicen ilegal son para uso propio", afirmó Santiago Crespo, del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y explicó que sólo las variedades nuevas de este año tienen obligaciones de pagar royalties que son voluntarios.
Crespo explicó que existen dos conceptos distintos en Estados Unidos y Argentina acerca del tema. "En EEUU se considera que una empresa puede patentar un gen y ser su dueño mientras que acá todo material que se lanza al mercado pierde la autoría y otros ostentores pueden utilizar ese gen", señaló.
Mientras que algunos sostienen que el valor del royalty es ínfimo, otros afirman que la diferencia entre una semilla y otra está en el orden del 50 por ciento. "Los productores no lo quieren pagar, porque es muy cara y además la empresa cobra su autoría muchas veces y en muchos países", indicó el secretario de la entidad profesional.
Una cuestión legal
El marco jurídico que regula la actividad está en la ley de semillas que algunos consideran obsoleta, porque fue promulgada hace más de 23 años, y también cuestionan la falta de controles por parte del Estado para penalizar el comercio legal.
"La disolución del Inase (instituto oficial de semillas) agrega una cuota más de burocratización al sistema y cuando los marcos generales no funcionan los actores recurren a la acción individual, como son los casos donde interviene la Justicia", explicó Marrull, de Arpov (ver aparte).
Para encontrar mecanismos que puedan ayudar a controlar el problema, el Comité Interprovincial de Multiplicadores de Semillas (Cims), formado por distintas cámaras de semilleros del país, está discutiendo con los distintos involucrados en la problemática un nuevo modelo para el sistema de semillas.
"La idea es poner en el mercado una semilla legal al mismo precio que la ilegal" expresó Carlos Dobal, presidente de Cims. "La diferencia es del orden del 50 por ciento por los insumos extras que lleva la simiente. Por eso, si se logra quitar los costos que tiene el operador legal, se podría cobrar la regalía no en la semilla sino en el producto final", agregó.
Dobal fue contundente a la hora de señalar que el sistema está en crisis, ya que muchas empresas se planten para qué hacer semilla legal ante la feroz competencia que implica la denominada bolsa blanca.
Esto es una cuestión de Estado y nuestro proyecto no se basa en hacer hincapié en los controles sino en la conveniencia entre las distintas partes", expresó el presidente de Cims.
Sin duda que otro elemento de presión las generan nuevas variedades en el mercado, sobre todo con la incursión de los organismos genéticamente modificados y que significaron un interesante achique de costos para el productor.
"Esto es a base de un importante esfuerzo de investigación que si no se paga no vuelve en mejoras para las producciones", señaló Victor Trucco, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid).
Trucco es partidario del acuerdo entre las partes y de la urgente necesidad de disponer de una nueva reglamentación que regule el tema. "El problema es muy serio y hay que buscar algo más práctico", sostuvo Trucco y afirmó que los productores tienen que acordar con las empresas las regalías ya que en la medida que no haya cambios, éstas van a ser mayores y dividida entre menos. "El punto es que no se desaliente al mejoramiento genético y a la investigación", agregó.
En ese sentido, Santiago Crespo fue bastante enérgico con el auge de las nuevas variedades y el discurso tecnológico. "Hay una parte de mentira en creer que las últimas variedades son mejores, ya que hay viejas que son de buen rendimiento", explicó el profesional.
"El gen RR se introdujo en variedades que no fueron las mejores y tampoco significaron mejor rendimiento, sí en zonas marginales". agregó.
Nadie pudo estimar las cifras que se pierden en el "aire" por el comercio ilegal en de semillas, tráfico que junto con la evasión en el circuito granario constituyen uno de los temas de discusión para la agenda de los funcionarios nacionales.
La Ciudad
