Una irregularidad garrafal en la investigación policial, una conducta deliberadamente al margen de la ley de parte de un grupo de uniformados o bien la combinación de ambas variantes. Esa situación es la que obligó a un juez de instrucción a dejar en libertad anteayer a una pareja que había sido detenida por el robo a una embotelladora de gaseosas de la zona oeste, distribuidora de Coca Cola, de donde el 10 de febrero pasado desaparecieron 17 mil pesos en un atraco. El operativo de la comisaría 14ª, que intervino en el caso por una derivación, está a tal punto atiborrado de irregularidades que el juez remitió las pesquisas a una división de Jefatura. La actuación de esta brigada no sólo detectó anomalías: también documentó, mediante videoimágenes, evidencias que comprometen a los policías que primero intervinieron. De la plata sustraída apareció poco más del dos por ciento: 400 pesos sobre 17 mil.
El 10 de febrero a las 20.30 dos hombres vestidos con uniforme de combate del Comando Radioeléctrico llegaron a la Embotelladora del Atlántico, en Casilda 7302. Pidieron gaseosas y los dos custodios, que tienen la orden de servirles a los policías, los hicieron pasar. Pero no eran policías: detrás de ellos irrumpieron otros tres que dominaron al par de vigiladores. Desde allí pasaron a una oficina administrativa donde un empleado estaba recontando la recaudación de los distribuidores y armando los fajos de dinero. Se llevaron esa plata y huyeron en un Renault 21.
Al auto lo abandonaron en Tucumán y México porque reventó un neumático. El vehículo fue hallado por personal de la comisaría 14ª y llevado hasta esa dependencia, en Marcos Paz 6650. Hasta allí llegó a reclamarlo quien dijo ser el dueño, Cristián Caminos, que alegó que el auto se lo habían robado a él. Caminos llegó con María Valeria Altamirano. En segundos las cosas se alteraron: quedarían detenidos acusados del robo a la embotelladora.
Anomalías a granel
La primera irregularidad que detectaron en el juzgado de instrucción 8ª, a cargo de Juan José Pazos, fue que los policías de la 14ª, que dirige el comisario Raúl Cortés, acudieron a la vivienda de Valeria Altamirano sin orden judicial. Allí cargaron tres bolsas con evidencias del robo a la distribuidora: una con los uniformes policiales con insignias del Comando supuestamente usados en el golpe, otra con tres armas de fuego y la restante con dos o tres cintas que sujetaban 400 pesos del dinero fajado en la embotelladora.
Para acreditar la limpieza del procedimiento faltó un sugestivo detalle: la notificación y consiguiente orden judicial para allanar la casa de la mujer. Por lo que el operativo quedó viciado desde el inicio y las acusaciones desdibujadas. Tras dos semanas de arresto los dos detenidos, representados por el abogado Carlos Varela, obtuvieron la excarcelación anteayer. Caminos fue liberado por falta de mérito. Pero Altamirano sigue vinculada a la causa porque en su casa se secuestraron evidencias: sólo debe definirse si su participación en el atraco fue primordial o secundaria. Hasta ahora la mujer está imputada de robo calificado y tenencia de armas de guerra.
Un detalle técnico, según narraron fuentes de la investigación, precipitó el escándalo. Cuando los policías de la comisaría 14ª acudieron a la casa de Altamirano labraron un acta en la que ellos mismos dicen que no ingresaron sino que lo hizo la detenida, quien les hizo entrega voluntaria de las cosas. "Es el colmo de la irregularidad. Si se presume que había elementos probatorios de un delito la policía debió informar al juez para un allanamiento. Pero si se admitiera que es verdad que la mujer entró sola a la casa, lo que es poco verosímil, fue una negligencia grave. Podría haber salido con un arma y volarle la cabeza a los que esperaban afuera", detalló la fuente.
Para ordenar la escena el juez Pazos instruyó a la Brigada de Investigaciones de Jefatura para hacer un allanamiento y registrarlo en video. Al llegar a la casa de Altamirano, en un Fonavi a la altura de Mendoza al 7900, los flamantes investigadores hallaron el inmueble en absoluto desorden. "Ni un chico de 5 años puede creer que si la mujer entró sola a su casa la haya dejado patas para arriba para buscar las cosas que le dio a la policía", subrayó un vocero policial.
Lo más significativo fue que la brigada encontró en la casa otras bandas que sujetaban fajos del dinero robado en la embotelladora. Esa procedencia quedó en evidencia porque esas cintas tenían el sello de la oficina recaudadora de la distribuidora. Claro que no había ni rastros de los billetes. "Pero eso indica que la plata estuvo allí", dijo el informante.
Las dos firmas
Otra cosa que llamó la atención tanto al juez como a los policías de Jefatura fue que el acta del primer procedimiento en la casa de Altamirano fue redactada por un oficial subayudante y un sargento. Siendo que, frente al esclarecimiento de un hecho tal como un atraco importante, suelen intervenir oficiales jefes o responsables jerárquicos más altos para ganar méritos. "Pero todo es tan anómalo que mandaron a cualquiera a poner la cabeza", en la traducción del vocero policial.
El juez Pazos espera que los policías de la 14ª que intervinieron en el procedimiento le expliquen exactamente lo que pasó en la vivienda. Y que le sugieran, si saben algo, qué pudo ser del destino de los billetes.
La Ciudad
