El titular del Banco Central, Pedro Pou, terminará alejándose de su cargo por desgaste en su gestión, a partir de las investigaciones que encaran por estas horas los senadores que conforman la comisión especial, según consideraban ayer fuentes gubernamentales.
La negativa inicial del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, para hacerse cargo de la titularidad de la autoridad monetaria postergó el recambio de Pou, pero sectores del gobierno consideran que la suerte del funcionario está echada.
Dentro de la Alianza se acordó la necesidad de buscar la forma menos traumática de reemplazar al titular del Central y por eso se pensó en López Murphy que, más allá de que sus posiciones ortodoxas, genera cierto resquemor dentro de la coalición pero al mismo tiempo despierta tranquilidad en los mercados.
Luego de la polémica generada por las presiones en contra de Pou y la solidaridad que obtuvo del sector financiero local, los dirigentes de la coalición consideraron que "cuanto más permanezca Pou en su puesto, mayor será el desgaste que tenga".
"La gente no asimila la autarquía del Banco Central, sino que ve a Pou como parte del poder, sin importar si fue nombrado por el anterior gobierno", evaluó un integrante del gabinete nacional.
Por ese motivo, el gobierno optó por apoyar la comisión especial constituida en el Senado para analizar su comportamiento al frente de la autoridad monetaria, más allá de su actuación en las denuncias sobre presunto lavado de dinero por parte de bancos locales.
Esta comisión será la encargada de elevarle una recomendación al presidente de la Nación y si esa sugerencia es contraria a la continuidad de Pou al frente del BCRA le allanaría a Fernando de la Rúa el camino para desplazarlo.
Entre los candidatos para su reemplazo figura López Murphy, que cuenta con el mayor apoyo, pero ante su negativa están en carpeta también los nombres de los secretarios de Hacienda, Mario Vicens, y de Finanzas, Daniel Marx.
Mientras tanto, el gobierno apuesta a mostrarse muy decidido en expresar su respaldo a las investigaciones que se llevan adelante sobre las presuntas maniobras de lavado de dinero en el país.
En esa línea fue que el presidente ordenó apurar la conformación de la Unidad de Información Financiera (UIF), creada en el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero, y la presentación realizada ante la Justicia por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer.
Sin embargo, fuentes del poder central consideran que aún no hay elementos para sostener que en el país hay fuertes movimiento de blanqueo de dinero y sospechan que las investigaciones sólo podrían sacar a la luz el resultado de algunos negociados realizados durante el proceso privatizador de la década pasada.
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La Ciudad
