"Cualquier profesional que ha tenido que hacer un trámite en la oficina de Planeamiento de la Municipalidad sabe que un permiso de demolición de un edificio de valor patrimonial no se logra en tan poco tiempo". De acuerdo con este razonamiento, el concejal Oscar Urruty denunció ayer "tráfico de influencias" en la obtención del okey municipal para convertir en escombros una casona de principios de siglo, construida por los arquitectos Micheletti en pleno corazón del Paseo del Siglo, situación sobre la que dio cuenta La Capital en su edición de ayer. En rigor, algunos datos permitirían abonar esta sospecha: el arquitecto encargado de la demolición, Ademar Cerfoglio, es también titular de la Oficina de Proyectos de Arquitectura que está bajo la órbita de la misma secretaría que autorizó la demolición.
Con estos antecedentes, la presidenta de la comisión de Planeamiento del Palacio Vasallo, Gladys Comba, presentó ayer un pedido de informes para que, desde la Municipalidad, se expliquen las razones por las cuales se autorizó la destrucción de la casona de Córdoba 1646 y, además, especifique el cargo que ocupa Cerfoglio y dictamine si el funcionario "ha producido transgresiones jurídicas o éticas" al dirigir el proyecto de demolición.
Es que el inmueble construido en 1920 forma parte de un inventario que el Programa Municipal de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico envió a fines del año pasado al Concejo. Este documento tiene la intención de preservar los edificios de valor patrimonial para la ciudad y, además, exceptuarlos en conjunto de respetar la línea de edificación del centro que impone retirarlos unos 87 centímetros de su emplazamiento original.
Pero, para el edificio levantado por los arquitectos Micheletti, el trámite no será necesario para marzo cuando los ediles retomen su tarea, ya que sólo quedarán los escombros de la antigua casona que dejará lugar a un moderno complejo de locales comerciales.
La noticia, publicada por La Capital de ayer, sobre la destrucción de este edificio recibió duras críticas de concejales, tanto de la oposición como de la misma Alianza, que coincidieron en calificar de "lamentable" la pérdida de este edificio.
Es que en la crónica se reproducían las declaraciones de la titular del Programa Municipal de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, Viviana Cicutti que aseguraba que "se hizo todo lo posible por evitarla, pero los dueños se ampararon en el Código Civil, y como es propiedad privada no se pudo hacer nada".
En estas reuniones intervino el mismo Cerfoglio, pero no como funcionario municipal sino en su carácter de arquitecto director del proyecto. "Como profesional tengo otro punto de vista, distinto al que tiene la gente de Preservación", se excusó Cerfoglio y agregó que "no hay ninguna falta de ética en lo que hago".
Con estos antecedentes, Urruty disparó: "Evidentemente ha habido una posición muy fuerte de los propietarios que se contradijo con una actitud demasiado flexible de la Municipalidad".
Responsabilidad política
"Tenemos que saber quién es el responsable político de firmar el permiso de demolición. Este edificio no es un lugar cualquiera y su desaparición compromete a las más altas autoridades de Planeamiento y a su jefe político, el intendente", señaló el concejal y recordó la polémica que rodeó la demolición de la casa Tiscornia (Córdoba entre Laprida y Buenos Aires) que terminó con la carrera política del entonces secretario de Planeamiento, Rubén Palumbo, y del titular del Programa de Preservación, Gabriel Asorey.
"Es sorprendente que los mismos funcionarios que tienen que trabajar para cuidar el patrimonio de la ciudad opten por demolerlo", disparó Gladys Comba. "No es ético estar de un lado y del otro del mostrador", agregó la concejala.
El radical Rafael Ielpi también reflexionó sobre la cuestión: "No sé si hay incompatibilidad entre el cargo que ocupa Cerfoglio y su actividad profesional. Pero es lamentable que un arquitecto que trabaja en la Municipalidad y que ha estudiado en la universidad de esta ciudad pueda tomar con tal desaprensión el derrumbe de un edificio de valor patrimonial".
La representante del oficialismo en la comisión de Planeamiento del Concejo, Susana Bartolomé, tampoco eludió el tema. "Creo que esta situación vuelve a poner de manifiesto la ausencia de una legislación para preservar el patrimonio de la ciudad", indicó la concejal y agregó: "Creo que no hay incompatibilidad de cargos porque la autorización de demolición no pasa por manos de Cerfoglio, pero de todas maneras habría que analizar el tema con mayor detenimiento".
La Ciudad
