Santiago. - El comandante en jefe de la aeronáutica chilena, general Patricio Ríos, desoyó un pedido oficial para que su segundo al mando retire una demanda contra ex presos políticos basada en una controvertida ley que protege a la élite gobernante. Asimismo, los otros comandantes en jefe de las FFAA estudian actuar en conjunto ante los tribunales invocando la misma legislación en un caso en el que fueron demandados por familiares de desaparecidos.
Ríos, después de conversar durante una hora con el presidente Ricardo Lagos, insistió en que su segundo, el general Hernán Gabrielli, está facultado para usar la ley de Seguridad Interior del Estado, que contempla graves penas de cárcel para sus infractores. "No hay nada que hacer, el tema está en los tribunales, no hay nada más que hacer", dijo Ríos, que este lunes se reincorporó a su cargo tras una licencia médica.
Aprovechó la ocasión para respaldar públicamente a Gabrielli, dijo que sigue siendo su segundo y afirmó que era el comandante en jefe subrogante cuando fue acusado de torturador, lo que lo facultaba para utilizar la polémica ley.
Gabrielli estaba fuera del país cuando fue acusado, pero la fuerza aérea insiste en que ya subrogaba a Ríos. El general Ríos también dijo que Gabrielli ahora saldrá de vacaciones.
El propio presidente Lagos admitió que esa norma está vigente, pero que su uso le parece inadecuado. Su ministro de Defensa, Mario Fernández, pidió vanamente a Gabrielli que utilizará los tribunales ordinarios para sus querellas.
Gabrielli demandó a tres ex presos políticos por "injuriarlo gravemente" porque lo sindicaron como un torturador de opositores en 1973, lo que desató una oleada de demandas de ida y vuelta. Carlos Bau, Juan Ruz y Héctor Vera, aseguran públicamente que Gabrielli fue uno de los torturadores de su camarada Eugenio Ruiz-Tagle, un joven ingeniero que fue torturado antes de ser ejecutado en 1973. A su cadáver le faltaba un ojo, tenía quemaduras en el rostro y muchos huesos quebrados, según testimonios de su madre.
La Ley de Seguridad Interior del Estado tiene más de un siglo de vigencia, sin modificaciones, y en abril de 1999 fue usada por un juez de la Corte Suprema por supuestas injurias de una periodista en su contra a través de "El libro negro de la justicia chilena".
La profesional Alejandra Matus vive exiliada en Estados Unidos porque si regresa a Chile será detenida y procesada.
Lagos, además de tratar de resolver el asunto de las querellas cruzadas, debe prepararse para posibles acciones conjuntas de los tres máximos jefes de las fuerzas armadas y del director de la policía militarizada.
Los cuatro estudian utilizar la misma polémica ley en contra de una abogada y de hijos de víctimas de la dictadura, que los demandaron por obstrucción a la justicia porque, supuestamente, ocultaron información sobre el destino de desaparecidos del régimen militar. "Están trabajando nuestros auditores y ellos nos propondrán cual es la acción que hay que tomar", dijo Ríos.
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Lagos junto al jefe del Ejército, Ricardo Izurieta. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
