Gabriel González
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) se acerca a la recta final del camino hacia su privatización. Superados gracias al blindaje financiero los nubarrones que obligaban a dudar sobre la conveniencia de sellar una transferencia en un escenario económico adverso, la intervención de la EPE apunta ahora a que la principal compañía estatal santafesina quede en manos de un concesionario antes de que finalice el primer semestre de 2001. Para ello, la consultora contratada y los equipos técnicos de la empresa están dando los últimos retoques a los pliegos, y a más tardar en los primeros días de marzo la documentación buscará obtener el visto bueno de la comisión de seguimiento de la Legislatura y Fiscalía de Estado.
Si todo marcha de acuerdo a lo previsto, la apertura de sobres se estaría efectuando en el mes de mayo y en julio podría asumir el prestador que tendrá a su cargo los servicios durante los próximos 35 años.
Aunque la fecha de adjudicación originalmente prevista era la del mes de marzo, los cimbronazos financieros que sacudieron al país sobre el fin del año pasado llevaron a tomar un prudente compás de espera. A las cuestiones macroeconómicas también se sumaron algunas objeciones de procedimiento presentadas por Fiscalía de Estado en la auditoría de los pliegos, que también obligaron a dilatar los plazos.
Cuando los pliegos de licitación queden puestos sobre la mesa habrá dos factores clave para tener en cuenta, el régimen tarifario y el precio de referencia para la venta. La consultora liderada por el Santander diseñó varios escenarios tarifarios posibles, y la intervención de la EPE ya seleccionó una fórmula, a la cual se le están haciendo los "últimos ajustes", según fuentes cercanas a Antonio Caro, interventor de la EPE.
La comisión de seguimiento de la privatización pondrá especial atención sobre el régimen tarifario, que promete descuentos sustanciales para los usuarios cautivos de la EPE: casas de familia, el comercio y las pequeñas empresas. "Allí están puestas todas las expectativas de la gente; vamos a asegurar que los beneficios prometidos estén en el papel", aseveró uno de los legisladores que participa de la bicameral. Los dictámenes de esta comisión, si bien no son vinculantes, seguramente pesarán en términos de transparencia sobre los resultados de la licitación.
Otro punto que puede dejar tela para cortar es la valuación en los pliegos de la empresa. La ley de privatización establece que no podrá haber ofertas por debajo de un 70% del precio de la compañía, por lo cual esta cotización definirá un piso para los interesados. Desde la intervención aspiran obtener en la operación cuanto menos 700 millones, por el 90 por ciento de las acciones de la EPE, de acuerdo a las condiciones que presenta actualmente el mercado.
Otra cuestión que será decisiva son los tiempos, que influyen por partida doble. Por un lado está el inconveniente que significaría una venta en simultánea con la EPEC de Córdoba, pero también surgirían problemas si las decisiones en torno a la licitación se postergan más allá de la mitad del año. Según trascendió hubo una recomendación de las consultoras que monitorean los procesos de privatización -Santander en el caso de la EPE y Paribas en la Epec- para separar por tres meses los cronogramas, pero en la intervención de la compañía santafesina se conforman con un distanciamiento de un mes y medio a dos meses. El tema es que nadie quiere extender los plazos más allá del mes de julio, porque después de esa fecha se complican, por razones estacionales, las tomas de decisiones estratégicas por parte de los directorios de los grupos inversores, especialmente cuando se trata de oferentes europeos.
Fuentes de la intervención admiten que la superposición de procesos no es lo más conveniente, pero el tema no les quita el sueño. Sin entrar en comparaciones, sostienen que la EPE es una unidad de negocios muy sólida y atractiva. La empresa santafesina factura entre un 15 y 20 por ciento por encima de los ingresos de su par mediterránea.
El gobierno provincial quiere dejar constituido el ente regulador que fiscalizará la prestación de servicios antes de que se termine la licitación, aunque la ley de privatización le otorga un plazo de hasta 180 días posteriores a la adjudicación para hacerlo. Está previsto la contratación de una consultora para diseñar un organigrama de constitución del ente, y se realizarán concursos para garantizar transparencia en las designaciones.
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La Ciudad
