El paso del tiempo crea dificultades para tomar buenas decisiones porque en su transcurso se producen acontecimientos irreversibles que no pueden retrotraerse. Toda decisión correcta o equivocada tomada en un momento del tiempo tiene consecuencias posteriores en otro momento y la única manera de encarar este hecho depende de las agallas de los seres humanos, de su conocimiento y previsión. Por no comprender estas simples ideas el gobierno dejó transcurrir el año 2000 y las consecuencias no pudieron ser más lacerantes para todos nosotros.
El producto interno bruto de Argentina cayó por debajo de cero y terminamos siendo uno de los tres peores países del mundo según los registros del FMI (Fondo Monetario Internacional), mientras las demás naciones alcanzaban cifras récord en las mediciones de ocupación y crecimiento económico: un verdadero bochorno. Desde agosto del año pasado los mercados internacionales se negaban a tomar bonos de la deuda pública y a fines de año enfilábamos hacia un casi seguro default.
El descalabro, que no podía ser mayor, fue consecuencia del desconocimiento de la realidad, la falta de previsión, pésimas medidas impositivas no corregidas a tiempo y la excesiva demora en tomar decisiones. Era el efecto ineludible del paso del tiempo que producía acontecimientos irreversibles. Pero a último momento se produjo el salvataje. Por vez primera en la historia económica mundial los organismos internacionales de crédito, empujados por Horst Köhler, director del FMI, y James Wolfensohn, del Banco Mundial, decidieron actuar antes de la catástrofe otorgándonos un blindaje financiero de 39.700 millones de dólares. Entonces respiramos hondamente: nos habíamos salvado del abismo. Sin embargo el blindaje no es un maná caído del cielo, es un cargo de conciencia colectivo para encarar reformas archisabidas pero que se postergan por consideraciones mezquinas.
Como siempre nos pasa, a la sensación de alivio siguió la paralización del esfuerzo y las cuestiones de fondo se patearon para más adelante. La reforma impositiva se diluyó en una simple recomendación de modificar los impuestos provinciales y en trasladar la sede de la DGI (Dirección General Impositiva) y la Aduana desde el Ministerio de Economía hacia el curioso ministerio surgido del Pacto de Olivos.
La reforma laboral quedó desdibujada por el debate de la presunta corrupción en el Senado mientras que el juez que dictó la falta de méritos, al mismo tiempo estaba enjuiciado por idéntico delito y para colmo los senadores sospechados de cobrar coimas podían terminar destituyéndolo.
La reforma de las obras sociales puede terminar concentrando en pocas manos sindicales la atención de la salud que luego podrían negociar la venta de la clientela a quienes quieran hacerse cargo del negocio. La reforma administrativa del Estado, como siempre se deja para más adelante sin que nadie se anime a simplificar las estructuras, eliminar oficinas inútiles, disminuir excesivos niveles jerárquicos, reajustar sueldos de los que viven de la política y terminar con el financiamiento de ñoquis.
Si el gobierno no hace nada en estas cuestiones, nuevamente el ineludible paso del tiempo va a provocar acontecimientos irremediables y el efecto del blindaje se desvanecerá como el aroma de una fragancia.
Dios sigue siendo argentino
La idea de que siempre podremos zafar de grandes problemas sin esfuerzos de nuestra parte es el núcleo metafísico de esa expresión típica de que "Dios es argentino" y que finalmente nada nos pasará. La aparición in extremis del blindaje financiero es una prueba contundente de que conseguimos oportunidades que otros países no tienen.
Ahora estamos urgidos para que el gobierno genere condiciones de reactivación pero se siguen entreteniendo en operaciones mediáticas para forjar imágenes sin contenido real. El resultado es la apatía gubernamental en materia de reformas económicas, la prolongación de la recesión y la ausencia de auténticas señales de reactivación. Otra vez estamos perdiendo el tiempo.
Sin embargo, parece cierto que "Dios es argentino" porque lateralmente ha surgido una gran oportunidad en un ámbito institucional no precisamente económico, que puede servir de arrancador para restaurar la confianza, encender el entusiasmo y motorizar la reactivación.
Hasta ahora no hemos reparado en este acontecimiento que puede tener incidencia decisiva e inmediata en la economía. Se trata de la renovación integral del Senado de la Nación por mandato de una cláusula transitoria de la constitución. Esta nueva oportunidad puede convertirse en la prueba más contundente de que en realidad "Dios es argentino", siempre que comprendamos la trascendencia del asunto. El Senado que ha sido sospechado de anidar la peor de las corrupciones: la compra-venta de leyes por dinero, puede ser regenerado con blancura inmaculada como si fuese bautizado en las aguas bíblicas del Jordán.
La reforma estructural de la política
No han sido precisamente los juristas sino los economistas quienes más han avanzado en materia de propuestas para una reforma estructural de los procesos políticos relacionándolos directamente con el poder económico globalizado y el poder fiscal de un país.
Diversos economistas de prestigio mundial, casi todos galardonados con el premio Nobel han propuestos reglas para que el proceso político se limpie de la podredumbre de la corrupción. Nombres como James Buchanan, Geoffrey Brennan, Friedrich von Hayek y Gordon Tullock proponen una interesante reforma del Senado tratando de que este cuerpo tenga la mayor independencia posible de las facciones o partidos políticos porque es el verdadero plexo de la política y si el Senado se corrompe, todo queda prostituido. Basta con leer la Constitución Nacional para comprender la importancia neurálgica del Senado: es el único que puede juzgar y destituir en juicio público al presidente de la República, nombrar y destituir a los jueces de los tribunales federales y a los magistrados de la Corte Suprema, declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior y sancionar las leyes de la Nación.
La propuesta de los economistas mencionados es la siguiente:
1º) Como los miembros del Senado deberían ser las personas más respetadas por sus coetáneos, tendrían que ser elegidos por personas de más de 30 años de edad con las mismas condiciones establecidas en el artículo 55 para ser senador, dentro de candidatos propuestos por los partidos políticos o por grupos de personas que respondan a intereses honestos pero que no quieran agruparse en partidos políticos, lo cual significa lisa y llanamente eliminar la vergonzosa lista sábana y derogar el monopolio legal de que sólo los partidos pueden proponer candidatos a cargos senatoriales.
2º) La Cámara de Senadores, como única función tendría que limitarse a la promulgación de leyes generales o normas generales de recta conducta, sobre los temas que hoy se llaman "políticas de Estado", de manera que tales leyes generales una vez aprobadas permanezcan vigentes durante largos períodos de tiempo y sean de cumplimiento obligatorio para todo el gobierno y los magistrados judiciales. Tales leyes generales serían equivalentes a verdaderas normas constitucionales.
3º) La Cámara de los Diputados tendría prohibido sancionar este tipo de leyes generales y sólo podría ocuparse de promulgar decretos legislativos para terminar con la absurda pelea entre un Poder Ejecutivo que dicta decretos de necesidad y urgencia y un Poder Legislativo que intenta vetarlos. Los proyectos de decretos legislativos tienen que ser presentados por el Ejecutivo a través del ministerio que corresponda o por un cierto número de ciudadanos en ejercicio del derecho de iniciativa acordado por el artículo 39 de la Constitución Nacional. Los diputados contarían con un plazo de 45 días para discutir la iniciativa propuesta en sesiones plenarias, utilizando las comisiones parlamentarias sólo para asesoramiento, obtener información y reunir antecedentes. Si en ese plazo el proyecto no ha sido tratado, el mismo quedará sujeto a la sanción o veto del Poder Ejecutivo.
4º) Aunque la distinción entre los poderes de ambas cámaras parece bastante clara, las dificultades que pudiesen surgir y los conflictos de competencia podrían ser zanjados por un tribunal constitucional especial compuesto por jueces profesionales y un número de antiguos miembros de las dos Cámaras.
La renovación integral del Senado, que se producirá por única vez dentro de la actual Constitución es la nueva oportunidad que se nos ofrece a todos los argentinos. De nuestra sabiduría, decisión y coraje depende que la aprovechemos o volvamos a perder el tiempo: no impidamos que Dios siga siendo argentino.
La Ciudad
