Unos 220 presos de la cárcel de Riccheri y Zeballos continuaban ayer con la huelga de hambre iniciada una semana atrás en solidaridad con sus pares del penal de Coronda (donde ayunan 372 reclusos) y en demanda del efectivo cumplimiento de la ley de ejecución de penas. Esa norma establece que pasado cierto tiempo en prisión, y de acuerdo a lo que establezca el organismo calificador de la provincia, los detenidos pueden acceder a ciertos beneficios. Sin embargo, los presos consideran que ese organismo actúa "con excesiva lentitud" y retrasa esos beneficios.
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La Ciudad
