La suerte del juez federal Carlos Liporaci, al menos en la faz acusatoria, está echada. El martes próximo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación se reunirá a partir de las 9 y confeccionará el dictamen en el que, por mayoría, se acusará al magistrado porque se le encontraron razones suficientes para someterlo al juicio plenario de destitución, que se hará en una segunda etapa.
No obstante las operaciones políticas tendientes a evitar la acusación bajo el argumento de que faltaban pruebas para producir, el controvertido magistrado no podrá eludir esa instancia.
Fuentes del Consejo de la Magistratura revelaron ayer a La Capital que la acusación será por "actos graves de inconducta" que tienen origen en "un desmesurado aumento patrimonial". Al juez se le incrimina haberse enriquecido en forma ilícita y ello surge especialmente de la declaración jurada presentada por Liporaci en 1999.
"La compra de esa casa resulta desproporcionada totalmente con respecto a sus posibilidades económicas", señaló la fuente del Consejo, para añadir que su ingreso mensual de seis mil pesos nunca le pudo haber permitido comprar el fastuoso inmueble valuado en un millón de pesos, aunque Liporaci argumente que lo adquirió en 650.000 pesos.
Testimonios "mendaces y parciales"
En este último aspecto, fuentes de la Comisión Acusadora señalaron que el magistrado no pudo explicar razonablemente la diferencia entre el valor real y el valor de adquisición de la vivienda. "Debió justificar en forma razonable la compra, pero sus testimonios fueron mendaces y parciales", dijo la fuente.
El magistrado argumentó que pudo comprar la vivienda con dinero propio que ahorró de sus funciones y por medio de un crédito hipotecario, pero no pudo convencer a la comisión, cuyos integrantes se preguntan cómo hará Liporaci para pagar el elevado monto del crédito con su sueldo. Además, se le endilga haber adquirido compromisos para efectuar pagos hasta cubrir la suma de doscientos mil pesos y haber conseguido para una hija de quince años una pensión graciable de quinientos pesos mensuales a través de la gestión de un diputado nacional.
A favor de la acusación votarán Angel Garrote, Pablo Fernández y Juan Gersenowitz y el diputado Carlos Maestro, en tanto todo indica que no acusará a Liporaci la diputada Lelia Chaya, desconociéndose hasta el momento cual será el voto de Miguel Pichetto, otro de los integrantes de la Comisión. Se excusó de participar en la votación el senador nacional por Entre Ríos, Augusto Alasino.
Por otra parte, los miembros de la Comisión firmarán el martes el dictamen de la acusación realizada la semana pasada contra el juez federal de Mendoza Luis Leiva por mal desempeño de sus funciones. Luego de ser acusados, ambos jueces federales deberán someterse al juicio del plenario, donde participan los 25 miembros del Consejo de la Magistratura. Todo indica que tanto Liporaci como Leiva será destituidos como jueces de la Nación.
La Ciudad
