Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado le pidieron ayer al juez Carlos Daniel Liporaci que cite a declarar, en calidad de testigos, a varios diputados nacionales en el marco de la causa en la que se investiga si se pagaron sobornos en el Senado de la Nación para la aprobación de la ley de reforma laboral.
En su presentación, los representantes del ministerio público legal solicitaron al magistrado que convoque a los legisladores aliancistas Alfredo Bravo, Elisa Carrió, Alicia Castro y Héctor Polino para que amplíen declaraciones que efectuaron a medios periodísticos.
Los fiscales también le pidieron a Liporaci que libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que envíe información complementaria a la brindada el 5 de enero último y referida al destino de diversos viajes que efectuaron los parlamentarios investigados en esta causa.
En ese sentido, citan el caso de los senadores Bauzá (viajes del 24 de mayo y 14 de julio de 2000), Genoud (del 20 de julio y el 10 de agosto), López (5 de junio) y Branda (11 de junio).
También reclamaron que se libre un oficio a la Policía Federal para que, por su intermedio, se informe de los listados de las compañías de aeronavegación cuál era el destino de los viajes al exterior de los involucrados en esta causa, en el período comprendido entre los meses de abril y agosto de 2000. Además, solicitaron que se pidan informes a los efectos de determinar si alguno de ellos tiene tarjetas de crédito otorgadas en el exterior y se reitere un pedido efectuado oportunamente al Banco Central y otros a diversas comisiones de la Cámara de Senadores que aún no fueron respondidos.
En esa batería de nuevas medidas, los fiscales Freiler y Delgado también pidieron que se cite a declarar a periodistas del matutino La Nación y de la revista Veintitres y al representante legal del hotel Elevage donde se habrían celebrado reuniones para tratar el tema de la reforma laboral
Apoyo de Moyano
"Ante los embates sufridos por los doctores Eduardo Freiler y Federico Delgado ante su decisión de apelar el fallo del juez Carlos Liporaci que sobreseyó por falta de mérito a los senadores inculpados, se hace más necesario que nunca fijar posición pública sobre este lamentable suceso", remarcó ayer la CGT que dirige el camionero Hugo Moyano.
La entidad disidente reclamó además que se esclarezca el "grave episodio institucional que afecta gravemente a las instituciones democráticas", como lo demuestra la sanción de "la espuria reforma laboral cuya nulidad ya ha sido planteada".
La Ciudad
