La decisión de la Justicia mexicana de extraditar a España al ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo para que sea procesado por delitos de genocidio, terrorismo y tortura sienta jurisprudencia y constituye un precedente histórico que abre la posibilidad de que se juzgue a presuntos genocidas en terceros países. La medida fue saludada con beneplácito por los organismos de derechos humanos y criticada por el gobierno nacional, que reivindicó el principio de territorialidad de la Justicia.
No obstante, la extradición de Cavallo no será inmediata, ya que la defensa anunció que interpondrá un recurso de amparo y agotará todas las instancias legales, lo que podría alargar el caso al menos seis meses más y llevarlo hasta la Suprema Corte.
El ex marino, más conocido por el apodo de Sérpico mientras cumplía tareas represivas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), es reclamado por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, como presunto responsable del delito de tortura contra Thelma Jara y de los asesinatos de las españolas Mónica Jáuregui y Elba Delia Aldaya. También está acusado de secuestro, desaparición de personas, robo de vehículos y saqueo de viviendas.
Ni bien se conoció, anteanoche, la resolución firmada por el canciller mexicano Jorge Castañeda que habilitó la primera extradición de un represor argentino para que sea juzgado fuera del país, los dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos reaccionaron con beneplácito, pero también con cierto escepticismo.
Como era previsible, el gobierno reiteró su oposición a la extradición a través del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien reivindicó el principio de territorialidad de la la Justicia. Luego aclaró que "no se le reconoce a ningún país la capacidad de ser corte de apelación de las decisiones que libremente adoptaron los argentinos en un marco institucional y jurídico".
En la otra vereda, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su "gran satisfacción" por la medida y pronosticó que "sentará un interesante precedente para los juicios futuros" por delitos de lesa humanidad.
"Es reconfortante; la justicia siempre llega, aunque sea tarde", destacó Carlotto, y señaló que Abuelas pondrá a disposición de Garzón toda la documentación necesaria para que "la sentencia tenga más peso". También anunció que, "a pesar de que no hay acusaciones" sobre la participación del ex marino en el robo de bebés, "se iniciarán las investigaciones necesarias para determinar si estuvo involucrado" en ese grave delito.
En cambio, Hebe de Bonafini (de Madres de Plaza de Mayo) no ocultó su escepticismo sobre la medida. "No es nada extraordinaria, porque ya tenemos la experiencia de otros asesinos que los mandan para allá y después los sueltan", protestó. Sin embargo, reconoció que "no hay ninguna herramienta legal" que el gobierno argentino pueda utilizar para evitar la extradición de Cavallo. "Si fuera legal, deberían estar presos; pero no hablemos de lo legal, porque después están sueltos y llenos de privilegios", se quejó Bonafini.
Por su parte, Nora Cortiñas (de Madres Línea Fundadora), calificó como "un pasito adelante en la lucha contra la impunidad" a la extradición decidida por el gobierno azteca, y manifestó su esperanza de que "ahora el gobierno argentino cumpla la Constitución y los pactos internacionales, por ejemplo, acatando la rogatoria del juez Baltasar Garzón que hace más de un año pidió la detención preventiva de otros 48 represores".
En la misma línea se expresó en Madrid el abogado de la Acusación Popular Carlos Slepoy, quien calificó como "de una importancia extraordinaria" la noticia de la extradición. "Se trata de una resolución que no tiene precedentes", sentenció el miembro de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, que representa a la víctimas de la dictadura de su país (1976-1983) en esta causa.
Contrariado por la resolución, el abogado Alvaro Carrillo (defensor de Cavallo) declaró que la decisión de México viola los principios de la política exterior mexicana consagrados en la Constitución, en particular el respeto de la soberanía de otros Estados. "Si Argentina, de manera libre y soberana, se otorgó la ley de obediencia debida y de punto final para conformar una amnistía por los hechos que ahora se intenta juzgar, obviamente se está desconociendo a esas leyes y a la soberanía que legisló al respecto", manifestó.
La defensa anunció que interpondrá un recurso de amparo ante un juez federal y después ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual podría retrasar varios meses el envío de Cavallo a España.
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La Ciudad
