El diputado cordobés Teodoro Funes (PJ) le reclamó al Poder Ejecutivo que precise si el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez "ha percibido o percibe actualmente algún tipo de retribución del Estado por la función que ejerciera hasta su renuncia". Según el legislador, "llama poderosamente la atención que ni a Chacho ni a su familia "le afecta la severa crisis económica" ya que "en los últimos meses pudo efectuar dos viajes a prestigiosos centros de veraneo, que no es habitual en personas que no tienen ningún tipo de ingresos".
Funes sostuvo con respecto al pedido que le realizó al ex vicepresidente que "es loable exigirle a Alvarez un comportamiento al menos acorde a todas las expresiones que esgrime ya que tuvo como denominador común de su discurso la transparencia, la austeridad y la necesidad de que los políticos no tengan privilegios ni concesiones en relación a los ciudadnos comunes".
Otro cordobés, Eduardo Di Cola (PJ), afirmó que el gobierno es "hipócrita" y "elude a la Justicia" en el escándalo por coimas en el Senado y defendió a los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado por su decisión de apelar el falta de mérito dictado por el juez federal Carlos Liporaci contra once senadores sospechados de corrupción.
En medio del resurgimiento del escándalo sobre sobornos en el Senado durante la aprobación de la ley de reforma laboral, Di Cola aseguró que el gobierno es "hipócrita" ya que "lanza paquetes de decretos que afectan a millones de argentinos sólo para seguir a sus asesores de opinión pública, pero se escandaliza cuando los fiscales reconocen que la gente está convencida de que el Senado fue coimeado por el Poder Ejecutivo".
"El caso de cohecho requiere una respuesta política. De la Rúa no puede pretender que todo quede en una investigación judicial que lleva adelante un juez cuestionado. La sociedad quiere un nuevo Senado y quiere saber qué grado de participación tuvo el presidente en la compra de una ley y esto excede el ámbito de la Justicia", enfatizó el diputado peronista.
Di Cola manifestó, además, que la noticia de que los organismos oficiales "retacearon y demoraron" su colaboración con la investigación, es un indicio más que "confirma" que el gobierno está tratando de "ocultar su participación orgánica en el pago de las coimas" y aseguró que "parece poco creíble que De la Rúa no estuviera al tanto de la maniobra".
"No se puede cajonear"
Mientras, en otra repercusión del caso, el secretario de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, el radical Melchor Cruchaga, dijo que "una denuncia de esta naturaleza no se puede cajonear y hay que investigarla a fondo". No obstante, confesó que le da la impresión que "no hay elementos realmente contundentes y valiosos que pudieran señalar una conducta irregular" en los senadores sospechados.
La Ciudad
