Santiago. - La Justicia chilena someterá a exámenes de ADN los restos de presuntos detenidos desaparecidos que fueron hallados entre el viernes y la noche del sábado en una mina de cobre abandonada, ubicada en las afueras de Santiago.
Tras dos semanas de infructuosas excavaciones en la cuesta Barriga de esta capital, donde las fuerzas armadas aseveraron el pasado 6 de enero que habría entierros de desaparecidos, comenzaron a aparecer osamentas que corresponderían a seis dirigentes comunistas que fueron arrestados en 1976.
Los hallazgos se produjeron en el contexto de los datos aportados por los uniformados a inicios de mes a la Mesa de Diálogo, instancia multisectorial creada el año pasado para hallar el máximo de desaparecidos.
El juez especial, Héctor Carreño, afirmó que los nuevos restos encontrados son del mismo tipo que los ubicados en la jornada anterior, vale decir, piezas de huesos que tendrían una data de 20 a 30 años, lo que está dentro del perfil de las personas que se busca.
Sin embargo, el magistrado fue cauto en señalar que aún no se sabe a cuántas personas corresponden los restos y si corresponden a los dirigentes de izquierda. Por esta razón, se anticipó que los trabajos continuarán hasta que quede establecido que no hay más cuerpos.
La jefa de la unidad de identificación del Servicio Médico Legal (SML), Patricia Hernández, anticipó que la tarea de identificación tomaría uno o dos meses, pero precisó que sólo hay un 60 por ciento de posibilidades de extraer apropiadamente el ADN del grupo de vértebras, costillas y falanges encontradas.
La situación infundió esperanza entre los familiares de víctimas, los que habían hecho fuertes críticas al informe de los uniformados ya que eran datos que no ayudaban a la localización de sus seres queridos y las investigaciones se prolongaban sin éxito.
Dirigentes del Partido Comunista de Chile, el que más bajas tuvo en la dictadura de Augusto Pinochet, y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señalaron que apenas se encuentren los cuerpos de los seis dirigentes, presentarán acciones legales en contra de los responsables.
Ambas instancias se automarginaron de la Mesa de Diálogo pues consideraron que se transaría la verdad a cambio de impunidad, y anticiparon que seguirían causas judiciales contra los autores de los crímenes.
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