Santiago. - Las revelaciones más recientes de militares chilenos que han derivado en acusaciones y réplicas han oscurecido el panorama judicial para el ex dictador Augusto Pinochet a quien no le valdrá mucho haber declarado el martes pasado ante el juez Juan Guzmán Tapia que él no dio orden de matar a nadie.
Cuando el presidente chileno Ricardo Lagos dijo el 17 de enero pasado que "hubo chilenos que arrojaron al mar a otros chilenos y chilenas", refiriéndose al reconocimiento del ejército de que durante el régimen militar (1973-90) había dado ese destino a 151 presos políticos, fue sólo la punta del iceberg en esta carrera de denuncias.
Pinochet quiso ser más hábil que sus propios abogados y en la indagatoria se habría apartado bastante de la recomendación que recibió de ellos. En vez de disculparse ante el magistrado por sentirse débil y cansado, habló y, al parecer, habló demasiado. Responsabilizó indirectamente al general en retiro Joaquín Lagos de que había sido él, como jefe de la Primera División del Ejército, el responsable de investigar lo que había ocurrido con el paso de la Caravana de la Muerte en su guarnición de Antofagasta, a 1.400 kilómetros al norte de Santiago.
La réplica no se hizo esperar. Ocurrió la noche del jueves por televisión y con artillería pesada, cuando el militar Lagos acusó directamente a Pinochet y al general retirado Sergio Arellano Stark, este último como comandante de la Caravana de la Muerte y delegado de Pinochet, de ser responsables del asesinato con ensañamiento de 14 chilenos que pensaban diferentes a otros chilenos, como dio a entender el presidente en su discurso.
El estremecedor relato, que fue escuchado por unos 2 millones de televidentes, dejó seguramente sin dormir a muchos militares en retiro, supuestamente implicados en los hechos que se denuncian, que ven que la cuerda se les acorta de día en día.
"Son hechos repudiables. No podemos negar una cosa como esa", expresó el comandante en jefe del ejército, teniente general Ricardo Izurieta, quien a pesar de su lealtad a Pinochet, se vio obligado a reconocer en el diario El Mercurio la gravedad del asunto.
Pero los hechos causan no sólo repudio sino también verdadera desilusión en muchos ex oficiales que en servicio activo estuvieron dispuestos a dar la vida por el arma del ejército y su comandante en jefe de la época. Es el caso del director ejecutivo de la Fundación Pinochet, general en retiro Luis Cortés Villa, estrecho asesor del ex dictador, quien, al conocer la versión de los presos lanzados al mar, aseguró estar "amargado como militar y como soldado, porque no sé a cuántos subalternos les dije que no teníamos nada que ver con los detenidos desaparecidos, lo mismo a mis hijos también militares".
El denominado "pacto de silencio" que habrían acordado los actores del régimen militar, parece ya no tener vigencia. Ahora cada uno trata de salvarse como pueda lo que implica también a algunos actores civiles, a quienes posiblemente les tocará el turno una vez que termine el caso Pinochet.
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La Ciudad
