El gobierno cree que un cuarto de siglo es tiempo más que suficiente para cerrar las heridas abiertas por el último golpe de Estado, el más cruento de la historia argentina. Por eso, el próximo 24 de marzo la Alianza repudiará los años de la dictadura y llamará a la reconciliación. También para esa fecha prepara un nuevo informe sobre desaparecidos, el llamado Conadep II. La nueva versión agrega casi dos mil detenidos desaparecidos más que los registrados en el trabajo anterior (cerca de 8.600).
Seguramente la obra generará polémica, sobre todo por la rectificación de algunos datos. Por ejemplo, mientras que Abuelas de Plaza de Mayo calcula en 600 los bebés robados, el nuevo documento computa sólo 240.
Por lo pronto el presidente Fernando de la Rúa recibirá de manos del ministro de Justicia, su hermano Jorge, el informe ampliado del realizado, a mediado de los 80, por la comisión que encabezó el escritor Ernesto Sábato. La Conadep II depuró algunas fallas del primer esfuerzo (casos duplicados, errores de nombres, etcétera, unos 600). Los nuevos datos fueron aportados por organizaciones defensoras de derechos humanos, juzgados y otras entidades.
Las Madres de Plaza de Mayo (en sus dos líneas internas), las entidades de derechos humanos y los partidos políticos (especialmente de izquierda) sostienen que podrían ser 30.000 las víctimas de la represión. No sería la única objeción: para el nuevo informe los bebés robados serían 240, pero Abuelas estima alrededor de 600.
Con poco más de 200 páginas, la Conadep II tendrá un prólogo y seis capítulos: 1) desaparecidos, 2) asesinados, 3) presos políticos (más de 1.200, según los legajos por reparaciones), 4) niños secuestrados en cautiverio de sus madres, 5) juicios por la Verdad (unos 3.000), 6) Operativo Claridad (sobre la censura a los sectores culturales).
También por Internet
También tendrá un anexo o relevamiento de todas las víctimas, cuyos datos podrán encontrarse en detalles en la obra y en Internet. Esta parte se haría después que el informe le sea entregado a De la Rúa, el próximo 23 de marzo.
La ceremonia de presentación podría ser en la Casa Rosada, a la que serían invitados todos los miembros del gabinete, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los integrantes del tribunal que condenó a las juntas de comandantes y todos aquellos que ocuparon la Subsecretaría de Derechos Humanos desde que esa dependencia fue creada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
No es improbable que el presidente disponga que el acto se realice en el Ministerio de Justicia o en el Teatro Municipal General San Martín, de la Capital Federal.
Ese mismo día, o el 24, el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, dirigirá un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas para expresarles la crítica opinión del gobierno sobre aquel hecho infausto para la historia Argentina. Si bien se espera un repudio al terrorismo de Estado, no se dejará de señalar -todavía no se decidió con qué tono- la responsabilidad de las agrupaciones guerrilleras en crear la atmósfera de violencia que, a juicio oficial, abrió el camino a la dictadura.
Es sabido que la teoría de los dos demonios (que responsabiliza por partes iguales a la represión y a la guerrilla) fue acuñada bajo el gobierno radical de Alfonsín, pero esta lectura de los hechos es rechazada no sólo por las entidades de derechos humanos, sino por el fallo que condenó a los integrantes de las tres juntas militares, quienes en diciembre de 1990 fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem.
Fuentes consultadas por La Capital aseguraron que López Murphy pondrá el acento en el futuro, en la necesidad de una reconciliación. Precisamente esta es la línea que intenta ganar espacio con el respaldo del titular del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, y que tuvo una sobresaliente expresión el pasado 23 de enero, en Pigüé, actual asiento del regimiento que en la misma fecha del año 89 fue tomado por el Movimiento Todos por la Patria (MTP) cuando estaba en La Tablada.
En la ceremonia de Pigüé, el jefe de la unidad, general de brigada Jorge Luis Zamudio, aceptó la conmutación de penas a parte de los integrantes del MTP. El gobierno tomó esa decisión forzado por la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los condenados tuvieran una segunda instancia judicial y -sobre todo- urgido por el agravamiento de la salud de los presos, que por entonces llevaban casi cien días de huelga de hambre.
La Ciudad
