"Cuando me encontré con la problemática de Valeria Elizabeth Godoy, comprobé que ella carecía de un montón de instrumentos que la posicionaran en forma estable en esta sociedad tan conflictiva. Godoy no es ni más ni menos que una fotografía de lo que ocurre anónimamente en otros expedientes. La contracara del fallo apuntaba a cuestionar al Estado y a decirle que en este caso debe tener en cuenta su propia responsabilidad". Este fue el inédito criterio con el cual el juez Antonio Ramos pidió la conmutación para Godoy, una chica de 20 años, drogadicta y sin contención familiar. Para el magistrado, algo falló en la estructura social y esto llevó a la joven a delinquir. Y responsabilizó al Estado por ese déficit: "El Estado además de la obligación de punir tiene otras obligaciones sobre las cuales no se hace hincapié. En la Constitución se sostiene que el Estado debe procurar a los habitantes bienestar, alimentación, vivienda, higiene, cuidado médico, servicio social. Lo que trato de decir en el fallo cuando al Estado lo responsabilizo, es que también tenemos que apuntar a las otras obligaciones del Estado, tan o más importantes que las de punir, que apuntan justamente a la evitabilidad de la criminalidad y de la delincuencia", explicó Ramos.
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