Acusaron al gobierno de negligente

El Estado y empresas constructoras no escucharon advertencias sobre la peligrosidad de la región

Dos importantes ambientalistas señalaron ayer de corresponsables al Estado y a las empresas constructoras por la tragedia que sufren los pobladores de El Salvador a raíz del sismo del pasado sábado. Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (Cesta), denunció que en múltiples ocasiones advirtió públicamente acerca de la peligrosidad que presentaba la cordillera del Bálsamo, zona de mayor desastre, debido a que se autorizaron trabajos de construcción de viviendas.
"Ello incrementó los riesgos, los peligros que ahora han causado muchas víctimas, especialmente en la ciudad de Santa Tecla, donde una franja de la citada cordillera se derrumbó y soterró a más de 500 familias", explicó Navarro. Aclaró que una cosa es el fenómeno natural del sismo, que no se puede predecir, pero otra es la irresponsabilidad de autorizar construcciones para viviendas en zonas riesgosas y de grave incidencia sísmica.
Por su parte, Angel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes), criticó duramente al gobierno por tratar de implementar una campaña "desinformadora" a través de la cual -según el ecólogo- se pretenden minimizar los estragos que ha ocasionado el terremoto. Ibarra aseguró que un año antes del terremoto su organización publicó un mapa con las zonas de alto riesgo, de peligros de deslave, y donde estaba ubicada la Cordillera del Bálsamo, entre otras localidades, pero el gobierno y las demás instituciones del Estado, hace caso omiso a esas opiniones por "tener una mentalidad mercantil".
El activista afirmó que la ex alcaldesa de Santa Tecla, Haydé Zometa, que terminó su período de gobierno en marzo pasado, intentó detener por la vía judicial unos 20 proyectos de construcción viviendas en la cordillera del Bálsamo, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los autorizó finalmente. "En las mismas calles que ahora están sepultadas por lodo y escombros que arrastró el deslave, allí se hicieron manifestaciones para exigir que se prohibieran los trabajos de terraceo en la base de la cordillera del Bálsamo", explicó Ibarra.
"Lo menos que debería hacer el gobierno es pedir perdón a los familiares de las víctimas, a los que se quedaron sin casa", dijo el ambientalista.