La Capital
En medio de la batería de decretos y medidas que firmó el presidente Fernando de la Rúa durante las últimas horas del año pasado se incluyó una reforma al sistema de seguros de riesgos de trabajo. Este decreto, producto de una larga negociación entre las administradoras de riesgo de trabajo (ART), las empresas, el gobierno y los gremios, desembocó en una serie de reformas consensuadas. Entre las modificaciones principales se anota un importante aumento en los montos de las indemnizaciones que se pagan en forma de renta. Además, se incorporó el pago una suma que se abona al contado, que va de 30 mil a 50 mil pesos para los casos de incapacidades graves hasta fallecimiento. Por otra parte, se agregaron una serie de enfermedades que hasta el momento no eran cubiertas por las ART.
Esta nueva normativa entrará en vigencia a partir del 1º de marzo y el objetivo es frenar el recrudecimiento de las demandas por la vía de la Justicia civil de las víctimas o sus familiares. Justamente, la insuficiencia de las indemnizaciones vienen generando demandas que preocuparon seriamente a las aseguradoras y las empresas. Ahora, con indemnizaciones más altas y la incorporación de un pago al contado, se pretende desalentar la alternativa judicial.
La legislación en vigencia hasta ahora establecía el pago de las indemnizaciones bajo la forma de una renta mensual, lo cual era cuestionado por las víctimas y venía alimentando el resurgimiento de las demandas judiciales, que era justamente lo que este nuevo sistema venía a subsanar.
La alternativa de recurrir a la Justicia seguirá abierta pero las ART y las empresas confían en que el aumento de los montos y el pago de una suma al contado hará que los damnificados desistan de esta vía.
Además, con esta movida se pretende frenar un proyecto de reforma a la ley de riesgos de trabajo, apoyada por un sector de la Alianza y el justicialismo, que ya tenía dictamen favorable de la Comisión de Trabajo de Diputados. Esta iniciativa pretendía subir las indemnizaciones y además permitirle al trabajador recurrir a la Justicia y cobrar al contado. Ahora, con este decreto del Ejecutivo no se prohíbe la instancia civil, pero tampoco se la explicita, por lo que el tema queda para que sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Tras dos años de negociaciones, se consensuó la fórmula del decreto que firmó De la Rúa. Así lo indicó el gerente de La Segunda ART, Ricardo Aide. El directivo resaltó como los aspectos más positivos de la modificación que se produjo un aumento importante de las indemnizaciones y además se incorporó el pago de una suma fija que se adiciona a la renta.
En caso de incapacidad grave (más del 60%) hasta muerte, se pagarán sumas que van desde los 30 mil a los 50 mil pesos al contado y a los pocos días de comprobarse el siniestro, que será independiente del salario que cobre el trabajador.
En ese sentido, Aide señaló que antes se criticaba que los parientes accedían a una renta pero no tenían el dinero para afrontar los gastos más inmediatos. Agregó que se aumentaron los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones en un 23%, para todas las incapacidades, y se incorporaron al listado de enfermedades cubiertas, algunas dolencias que antes no estaban contempladas y generaban juicios.
El ejecutivo de La Segunda remarcó que con esto se trata de solucionar el problema de los reclamos judiciales por el pago como renta mensual.
En esa línea se expresó Edgardo Bovo, gerente de Prevención ART (del grupo Sancor), quien resaltó que este decreto viene a cubrir algunos lados flacos del sistema. Señaló que hace unos dos años que se viene gestando este decreto y lo bueno que tiene es que se logró por consenso entre las ART, las empresas, el gobierno y los trabajadores.
Bovo remarcó que este decreto va a mejorar el sistema notablemente y los primeros beneficiados son los trabajadores, que van a tener mayores indemnizaciones, y también los empresarios, que si bien van a tener que pagar alícuotas más caras van a tener menos problemas por juicios.
En ese sentido, los operadores del sistema aseguran que en los últimos meses se produjo un crecimiento exponencial de las demandas, pero ahora confían en que se reducirán ampliamente.
La posibilidad de la acción civil no es eliminada por el decreto pero por lo menos no la explicita como una alternativa, lo cual hubiera sido terrible, reconoció Aide, quien remató: Esa fue la causa del fin del sistema anterior.
Las responsabilidades
El decreto fija además las responsabilidades de los actores del sistema en materia de higiene y seguridad, y concentra los esfuerzos en aquellas empresas que se alejan de los promedios de siniestralidad que tiene cada sector.
En ese sentido, el directivo de Prevención señaló que se concentrarán los esfuerzos de control en las denominadas empresas testigo: las ART buscamos a las más problemáticas y trabajamos sobre ellas, y agregó que hoy es muy sencillo saber cuáles son.
La metodología consistirá en que la ART consensuará con estas empresas un plan de mejoramiento paulatino en higiene y seguridad. La ART controla y si no se cumple debe denunciar la situación al Ministerio de Trabajo, aunque en este aspecto hay un problema de jurisdicciones porque en las provincias el organismo con potestad son las Secretaría de Trabajo. Por eso, en general nadie termina controlando, y el poder de policía recae en las ART, se quejó Bovo.
En caso de que una empresa no mejore su scoring de siniestros, las ART les subirán las primas, pero tiene un límite. Si se trata de una empresa crónica las ART no la pueden seguir teniendo como cliente.
Si una empresa es crónica, no alcanza con subirle la prima porque en ese caso sería un subsidio que le pagarían las empresas que no tienen accidentes, explicó Bovo.
Suben las alícuotas
La primera consecuencia para las empresas será un aumento de las primas que pagan a raíz del aumento de las indemnizaciones. Al respecto, Aide indicó que las alícuotas subirán, aún no tenemos los porcentajes finales pero estimamos que será más de un 50%.
En tanto, Bovo coincidió en que en promedio las primas crecerán un 50% pero dependerá del nivel de salarios que pague cada una. Es que el nuevo decreto aumenta proporcionalmente más las indemnizaciones para los sueldos más bajos, y en estos casos las primas pueden aumentar hasta un 80%, mientras que para los sueldos más altos, la prima subirá un 30%.
Los operadores de las ART consideran que de todas formas, el actual es un precio muy bajo respecto al que se pagaba en el sistema anterior y aseguran que los empresarios entendieron que si bien tendrán que pagar primas más altas, se evitarán los juicios que a la larga salen más caros.
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