Enrique Lingua
Semanas atrás tuve la oportunidad de concurrir a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se llevó a cabo un interesante debate entre Juan Llach y el economista Daniel Artana, sobre la conveniencia de sustituir al impuesto al valor agregado por un nuevo impuesto al consumo o, tal como sostuvo este economista, conservar el IVA pero adaptándolo a las nuevas realidades económicas.
Lo destacado de la charla fue haber introducido la idea de que la estructura tributaria argentina debe modificarse de manera contundente. Puede resultar interesante subrayar algunos aspectos salientes de las opiniones vertidas por los especialistas.
Según Llach el IVA demostró ser un impuesto altamente distorsivo para la actividad económica, porque al contrario de lo que se ha venido sosteniendo hasta ahora, por una larga lista de razones, se agrega al listado de los impuestos distorsivos. Desde las excesivas acumulaciones de créditos fiscales que el Estado ha conformado por todo concepto, y de manera especial con los exportadores, llegan casi a los 12.000 millones de pesos, constituyendo un empréstito forzoso a tasa cero.
El hecho de que el impuesto sea devengado a partir de la emisión de su factura y deba ingresarse al fisco aún cuando no fuera percibido, castiga duramente a las pymes de servicios, y en general a quienes comercializan con amplia financiación, como que su elevada tasa ha incrementado su regresividad, su imposibilidad de recupero en los casos de créditos por ventas incobrables implica asumir quebrantos adicionales y fundamentalmente, porque a pesar del tiempo transcurrido no sido posible reducir su alto nivel de evasión.
Para subsanar estas y otras inequidades propone su reemplazo por un impuesto al consumo que se aplicaría en la última etapa del proceso económico, es decir en la venta al público consumidor, pero a una tasa que estima no debería ser inferior al 18% de mantenerse el nivel de evasión y de exenciones actuales.
En esta etapa del proyecto aún no tiene definida una serie de situaciones conflictivas como las derivadas del tratamiento a dispensar al impuesto facturado a empresas cuando realizan adquisiciones como consumidores, ya que en estos casos les debería ser reintegrado, entre otras.
Artana, en cambio considera que no es aconsejable implantar un impuesto de esta naturaleza en estos momentos, por el hecho de que cuenta con muy pocos antecedentes en el mundo, y que si bien el mismo se aplica en los Estados Unidos, donde su recaudación goza de un alto grado de eficiencia, tampoco han podido resolver situaciones de conflicto, destacando como cuestión medular que en dicho país la alícuota, que no es uniforme en todos los estados, no supera el 10%.
Tampoco se prevé cómo resolver la fiscalización de los monotributistas a quienes la administración tributaria excluyó del IVA debido a la imposibilidad del debido contralor.
Si la Argentina pudiera aplicar un IVA a la tasa del 10%, seguramente no haría falta reemplazarlo, y debería tenerse en cuenta además que el recorte presupuestario significa sacrificar mil millones de pesos por cada punto de impuesto que se reduzca, situación que colocaría a los políticos en un dilema existencial.
Tomando como base el debate instalado en la Nación toda como consecuencia del acuerdo del blindaje financiero concedido por los acreedores internacionales, se hace necesario redefinir racionalmente todo el sistema fiscal argentino.
El nuevo esquema tributario deberá estar inspirado necesariamente en principios de igualdad, justicia, coherencia, homogeneidad y eficiencia en la aplicación y administración tributaria, capaz de impulsar el desarrollo nacional y de construir las bases para un crecimiento sostenido de la economía.
Igualdad, para ser consecuente con nuestra Constitución Nacional que antepone el principio de igualdad ante la ley y evitar que las altas tasas de evasión sean factores de inequidad; justicia para que el pago de los impuestos suponga una contribución a las arcas públicas y no una exacción abusiva a los más débiles, coherencia para que adoptada una norma, la misma tenga la permanencia en el tiempo y no sufra variaciones espasmódicas productos de urgencias presupuestarias. El presupuesto nacional debe estar al servicio de los impuestos y no éstos al servicio del presupuesto.
La homogeneidad en las normas tributarias debiera ser la consecuencia de un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias a efectos de considerar al contribuyente como un mismo sujeto pasivo y evitar la superposición fiscal.
Por último, los impuestos deben ser eficientes, tanto en la aplicación como en su administración, para no caer en aquella expresión de Ameghino referida a que un buen impuesto mal recaudado es casi el equivalente a un mal impuesto bien recaudado. Vale la pena recordar la ignominiosa vigencia del fondo para el incentivo docente que demostró que la política no puede ser fuente de inspiración de las leyes tributarias.
La oportunidad que nuestro país ha recibido en materia de compromisos internacionales debe ser aprovechado al máximo para producir una transformación de la legislación impositiva de una magnitud tal que convierta a los tributos en el aliado más firme de los sectores productivos, facilitando la formación y expansión del capital, a fin de que sin perder su indispensable valor social, sea capaz de sentar las bases para construir la sociedad del bienestar.
La reforma deberá incluir un acuerdo entre la Nación y las provincias a efectos de adecuar sus gastos a los nuevos recursos, unificando legislaciones, equiparando intereses comunes, compartiendo la administración tributaria y el replanteo integral del régimen de coparticipación, impulsando la distribución de los poderes fiscales con el objeto de darle a cada impuesto la exacta ubicación que le corresponde de forma tal que se asegure a las provincias mayor independencia en el manejo de sus propias finanzas.
Un acuerdo de tal trascendencia deberá estar sustentado en un principio de inalterabilidad de las normas, garantizando seguridad jurídica y permanencia en el tiempo, de manera que el mismo represente un verdadero Pacto Fiscal.
No hay demasiado tiempo para poner en marcha semejante compromiso, pero será conveniente que se agoten los estudios y propuestas de toda índole, generalizando un debate a través de la convocatoria a prestigiosos profesores de finanzas públicas, impuestos y economía, a profesionales y directivos empresarios, como para dejar sellado, de una vez y para siempre, el sistema tributario que el país necesita.
(*) Asesor impositivo.
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La Ciudad
