Santa Fe no quiere presos federales

Ante la falta de respuestas de la Nación, la provincia se apresta a dejar sin efecto un convenio que rige desde 1993

Tras un año de negociaciones y escuchar falsas promesas, el gobierno provincial se apresta a denunciar ante la Nación el convenio que desde 1993 establece la posibilidad de alojar y mantener presos federales en cárceles de Santa Fe. Esto significa que desde los próximos días la provincia no aceptará en sus celdas ningún recluso con causas en la Justicia Federal y limitará el número de detenidos de ese origen que seguirá recluido a su cargo. Así lo adelantó ayer a La Capital el subsecretario de Justicia provincial, Carlos Carranza.
No podemos esperar más dijo Carranza y recordó que primero se reclamó para que acelere el proyecto de construir una cárcel federal y no tuvimos respuesta, después intimamos el pago de la deuda de 10 millones de dólares que Santa Fe lleva invertidos en la manutención de esos detenidos y tampoco se dió solución. Fue un año de falsas promesas y expectativas incumplidas. Sólo nos queda denunciar el convenio que tenemos con la Nación y dejarlo sin efecto.
La disputa entre la Nación y la provincia es histórica, sin embargo tomó ribetes de pelea en febrero de 2000. Por entonces se comunicó desde Buenos Aires que el penal federal de Coronda no se iba a construir hasta que se revisara el llamado a licitación hecho durante la gestión de Carlos Menem. El ministro de Gobierno Angel Baltuzzi anticipó entonces que si la administración de Fernando De la Rúa no impulsaba esa construcción la provincia se libraría de los presos federales que alcanzaban al 12% de los 1.800 detenidos.
En ese mismo mes Patricia Bullrich (ex secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación) recibió a Baltuzzi y se comprometió a buscar una solución definitiva sostuvo Carranza. En aquel también se reclamó a la Nación una deuda de 8,8 millones de pesos originada en la manutención de los detenidos federales que hoy, aumentada por el paso del tiempo, tampoco fue pagada. Poco después, el mismo gobernador Carlos Reutemann salió a pedir que se lleven los presos federales de la provincia.
Mientras desde Santa Fe se espera que se concrete la prometida licitación de cárceles en distintos puntos del país (lo que se efectivizaría en septiembre), Carranza adelantó que no hay ninguna notificación formal al respecto y la crisis de superpoblación que hay en los penales provinciales no nos permite seguir esperando.
Finalmente, el funcionario manifestó que ante un año de insistir sin obtener resultados positivos debemos tomar decisiones firmes. El convenio está en manos del área jurídica de la provincia que analiza los pasos a seguir para su denuncia. Desde el mes que viene no recibiremos más presos enviados por la Justicia Federal y seguiremos reclamando por la deuda que tienen con nosotros.