Javier Felcaro
Hubiese sido la peor broma del Día de los Inocentes, pero la resolución del juez Carlos Liporaci salió a la luz el viernes, 24 horas después. Y el golpe fue duro, porque la decisión de dictar la falta de mérito de los once senadores acusados de haber cobrado coimas a cambio de la reforma laboral frenó todas las expectativas (hasta las mínimas) que generó el escándalo institucional más grave desde el regreso de la democracia. Sin embargo, algo ya olía mal, y no en Dinamarca. Liporaci, el investigador, está bajo la lupa del Consejo de la Magistratura. La sospechas en su contra: presunto enriquecimiento ilícito. Una situación que permanentemente despertó dudas acerca de su accionar y alimentó interrogantes sobre un condicionamiento del juez a la hora de tomar alguna decisión. Desde la aparición del libelo anónimo que describió paso a paso la trama secreta de las coimas y la radicación de la primera denuncia, ocurrió de todo: cruces de acusaciones, reproches por maniobras políticas, legisladores y funcionarios apuntados por varios dedos acusadores y hasta la renuncia del vicepresidente. Fue un torbellino pocas veces visto que modificó los escenarios donde se desenvolvieron los involucrados. En el gobierno, la posiciones nunca fueron del todo claras. Un aporte más a la confusión que rodeaba al ciudadano común. Carlos Chacho Alvarez, por entonces también titular del cuerpo, y la administración de Fernando de la Rúa fueron sumando diferencias que desembocaron en la dimisión del líder del Frepaso, cuando el jefe del Estado ascendió a secretario General de la Presidencia al ministro de Trabajo Alberto Flamarique, acusado por varios gremialistas de negociar la aprobación de la reforma con la (tarjeta) Banelco. Pero, más allá de las nuevas medidas judiciales ordenadas para después de la feria de enero, el caso parece estar camino hacia la nada. Y no hay retorno del desprestigio político, que se potenció con un Senado bajo sospecha (son siete las causas abiertas, una de las cuales incluye al santafesino Jorge Massat) y con muchos de sus integrantes y ex funcionarios del gobierno salpicados por el escándalo. Tampoco para la Justicia, que sumó una nueva mancha. Queda, sí, un pequeño saldo positivo: el corrimiento del velo que dejó al descubierto una práctica entre las sombras, admitida en voz baja por muchos y amparada por otros cuantos. Este adiós a la oscuridad debería pesar en aquellos que -a través del voto- serán los encargados de renovar una percudida Cámara alta. Será, en rigor, la oportunidad más propicia para saber si en este año que comienza alguien aprendió la lección.
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