El ex ministro Antonio Erman González fue procesado sin prisión preventiva, con un embargo de 5 millones de pesos, por supuestas irregularidades en la venta de la empresa Tandanor, confirmaron ayer fuentes tribunalicias. La medida fue ordenada por el juez federal Jorge Luis Ballestero, quien consideró al ex funcionario responsable de los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes a su cargo y falsedad ideológica de documentos.
En su decisión, Ballesteros sostuvo que la actuación de Erman González en la totalidad del proceso de privatización tuvo por objeto procurar un lucro indebido para el consorcio adquirente y que, mediante el dictado de distintas resoluciones, imposibilitó que el Estado nacional percibiera el producto de la venta.
Erman González fue indagado a raíz de la resolución de oficio que tomó el juez cuando consideró que los elementos de prueba reunidos creaban un cuadro de sospecha suficiente contra el ex ministro Oscar Camilión y el propio González.
En cuanto a la situación de Camilión, también fue citado a indagatoria, pero el trámite aún no se concretó.
El pasado 14 de diciembre, la Oficina Anticorrupción (OA) había solicitado el procesamiento de Erman González, junto a otros tres funcionarios de esa cartera, Alejandro Bofill, Andrés Juan Vlasto y Eduardo Tesoriere, quienes también fueron procesados.
Una venta a precio vil
En el sumario penal, se investigó si casi una década atrás hubo venta a precio vil (groseramente subvaluada, dijeron las fuentes) de una de las plantas de la empresa para sacarla de su patrimonio en perjuicio de los posteriores acreedores del concurso. La denuncia promovida en agosto de 1999 por el ex ministro de defensa Jorge Domínguez, refirió que la planta uno de Tandanor, ubicada en la Costanera Sur de la Capital Federal, fue otorgada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por un banco holandés, una firma francesa y un grupo local, este último con el 90 por ciento de participación.
La venta de 11 hectáreas ubicadas en lo que ya entonces se programaba como el complejo denominado Puerto Madero, se habría concretado mediante un proceso licitatorio, por una suma cercana a los 18 millones pesos. De acuerdo a constancias de la causa, una vez adquirida, y con el argumento de que era deficitaria, la planta fue revendida a otra firma, a la que se sospecha vinculada a la empresa que tenía la participación mayoritaria en la UTE.
Los convenios se habrían firmado sin prever cláusulas con limitaciones a las sucesivas transferencias, lo que permitió que la UTE que obtuvo la adjudicación cediera la planta.
La Ciudad
