El gobierno provincial estudia la posibilidad de invertir en los próximos meses en un proyecto de gobierno electrónico (e-government) con la intención de generar una mayor eficiencia en la gestión pública, mejorar la prestación de los servicios hacia la población y dinamizar los negocios informáticos con participación de las empresas locales del rubro, que acaban de conformar el polo tecnológico.
De acuerdo a los primeros borradores, la inversión rondaría entre los 60 y 80 millones de dólares, aunque dependerá de la profundidad de las transformaciones en el sector público que pretenda encarar el Poder Ejecutivo. Por instrucciones del gobernador Carlos Reutemann, la Dirección de Informática desde hace tres meses trabaja en un anteproyecto para la reforma.
El gobierno comenzó a estudiar esta variante a partir de las noticias que arribaron desde Córdoba, donde el gobernador José Manuel de la Sota privatizó el cobro de las deudas fiscales con un proceso de informatización del Estado como marco.
Una de las empresas que participó en aquel negocio, Techtel (del grupo Techint) ofreció meses atrás el proyecto al gobernador Reutemann, cuando sus directivos anunciaron el desembarco en la provincia en el negocio de la telefonía.
Con la implementación del proyecto, el gobierno de De la Sota instaló 65 puntos informáticos de atención al público, distribuidos en sitios estratégicos. Allí los contribuyentes pueden pedir liquidaciones de impuestos y también efectuar otra serie de trámites, tales como modificar la titularidad de la patente de un auto o reservar un turno con un médico de los hospitales públicos, durante las 24 horas del día (ver aparte).
El gobierno santafesino estudia armar un mix público-privado para el financiamiento del proyecto, habida cuenta que organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuentan con programas para este tipo de inversiones de reforma del Estado.
La construcción de un sistema on line entre los organismos de gobierno le reportaría al erario público un ahorro de dinero, así como una mayor transparencia de la gestión, porque ayudará a reducir las posibilidades de corrupción.
El gobierno provincial la semana pasada volvió a colocar sobre la mesa de un bar céntrico de Rosario la implementación de un gobierno digital frente a los ejecutivos de Capital Investment de Intel (líder mundial en la fabricación de chips), minutos antes de la presentación en sociedad del Polo Tecnológico Rosario.
Las empresas tecnológicas rosarinas también se interesaron en el proyecto, ya que el negocio requeriría una importante mano de obra y el tema se trató ayer en la reunión del flamante Polo Tecnológico de Rosario. La ciudad cuenta con una buena masa de profesionales en el área y los costos en recursos humanos locales son competitivos dentro del sector.
Las compañías tecnológicas locales comenzaron a estudiar las variantes para armar un paquete en conjunto o buscar un socio estratégico dentro de los grandes jugadores. La torta es grande y creo que habrá lugar para más de uno, señaló un empresario rosarino interesado en engancharse al proyecto. La mayoría de los hombres de negocios locales admiten que solos no pueden embarcarse en un emprendimiento de esta envergadura, pero apuestan a asociarse con otros jugadores.
La puesta en marcha del proyecto admite una vuelta de tuerca, porque la inversión de una cifra millonaria por parte del Estado provincial es también una fórmula de seducción que puede atraer a empresas líderes del sector tecnológico que barajan proyectos de radicación en la Argentina. De todos modos, se descuenta que habrá de por medio un proceso de licitación pública antes de adjudicar el proyecto.
Santa Fe digital
De acuerdo a la experiencia internacional, el formato digital le permitirá al gobierno provincial efectuar una gestión más transparente en licitaciones y compras on line, que reducirán los gastos del Estado. La implementación de las nuevas tecnologías minimizará la carga laboral de las tareas administrativas, pero de cara a la gente se traducirá en un acceso más fácil y descentralizado a los servicios públicos.