Ante un nuevo reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de una solución para los presos de La Tablada, el presidente Fernando de la Rúa firmaría esta misma semana el decreto para conmutarles las penas, pero los detenidos advirtieron que si la medida no les permite salir inmediatamente de prisión seguirán adelante con la huelga de hambre.
La advertencia de los presos fue la respuesta a las revelaciones hechas ayer por la mañana por una alta fuente del gobierno de De la Rúa, que aclaró que, pese a la conmutación, ninguno de los condenados, que desde hace 115 días realizan una huelga de hambre, recuperaría la libertad hasta por lo menos abril del 2002.
Al mismo tiempo, desde el gobierno se remarcó que ni el ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo ni su ex esposa, Ana Sívori, quedarán incluidos en ese beneficio porque fueron juzgados con posterioridad al resto de los once detenidos por el asalto al cuartel del Ejército de La Tablada, que el 23 de enero de 1989 provocó la muerte de 39 personas, de las cuales 28 eran militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP).
Doce de los trece detenidos por ese copamiento mantienen desde el 5 de septiembre último una huelga de hambre en reclamo del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas al Estado argentino por la Cidh, que se pronunció por otorgar a los detenidos la posibilidad de apelar la condena que los envió a prisión, ya que fueron juzgados por la ley de defensa de la democracia, de instancia única.
Mientras tanto, un nuevo fallo judicial alimentó el problema que tiene el gobierno: el juez de instrucción porteño Luis Rodríguez rechazó un pedido de habeas corpus que había promovido el abogado Carlos Díaz en favor de los presos y, tras desestimar el pedido de inconstitucionalidad para la ley de defensa de la democracia, dejó ver en su fallo que es el poder político y no el judicial el que debe resolver la cuestión.
Es evidente que dentro del trámite de esta acción nada puedo acotar al respecto, pues resulta resorte exclusivo de otro poder del Estado y no puedo entrometerme, so pena de crear un problema de gravedad institucional del que no puedo prever las consecuencias, aseguró Rodríguez.
No obstante, el juez decidió elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones del fuero para que también se pronuncie sobre el particular, y reclamó que se intensifiquen los controles médicos sobre los ayunantes.
Por su parte, el abogado Roberto Boico -el mismo que había presentado sin éxito un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema- denunció ayer al Estado argentino ante la Cidh por la presunta falta de cumplimiento de la recomendación de ese organismo para que se abra la instancia de revisión de condenas.
En 1997, la Cidh le reclamó a la Argentina que le otorgue a los integrantes del MTP el derecho a la doble instancia judicial, tal como establece el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución nacional en 1994.
Luego de la negativa de la Corte a considerar una segunda instancia, ministros y secretarios de Estado se reunieron el viernes para analizar la situación: el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y los ministros Ricardo López Murphy (Defensa) y Patricia Bullrich (Trabajo) se opusieron a la conmutación de penas. Pero Federico Storani (Interior), Adalberto Rodríguez Giavarini (Relaciones Exteriores) y el secretario general de la Presidencia, Horacio Jaunarena, apoyaron la medida.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, en tanto, mantuvo una postura intermedia. Pero anoche, en una nueva reunión, avaló el camino del decreto para reducir las condenas.
Lo que pasa es que el domingo 24, horas antes de la Nochebuena, el canciller Rodríguez Giavarini recibió una nota de la Cidh, firmada por Robert Goldman, relator para la Argentina, en la que valoró los esfuerzos del Ejecutivo y aseguró que se ha arribado a las circunstancias mencionada por el gobierno sobre la inevitabilidad de adoptar medidas de carácter excepcional para reparar el daño causado.
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La Ciudad
