El presidente Fernando de la Rúa firmará hoy el decreto que instrumenta el plan federal de infraestructura, ante la dificultad de acordar su sanción con los senadores del justicialismo. El jefe del Estado presentará el programa de obras públicas, que prevé movilizar inversiones por 20 mil millones de dólares en tres años, durante la reunión que mantendrá hoy con los gobernadores justicialistas. La iniciativa pretende ser una señal para que los mandatarios se comprometan a discutir un nuevo acuerdo federal que incluya una reforma impositiva y una reducción en el gasto público de los Estados del interior. El presidente, que en las próximas horas vetará una serie de artículos del presupuesto 2001, advirtió ayer que también podría apelar al decreto para sacar la reforma previsional.
El presidente del bloque de senadores de la Alianza, Jorge Agúndez, confirmó ayer que en conversaciones que mantuvo con esa bancada, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, adelantó que el Ejecutivo no prorrogará las sesiones extraordinarias y echará mano del decreto para instrumentar el plan de infraestructura. La razón, admitió el legislador, es que el oficialismo no tiene garantía de juntar el quórum necesario en Diputados para rechazar las eventuales modificaciones que le introducirían los senadores al proyecto.
Bajo cuerda, el Ejecutivo argumenta que la decisión de avanzar en el decreto tiene que ver con que la bancada justicialista en la Cámara dilataba la aprobación del proyecto como fórmula para evitar los vetos que el Ejecutivo realizará sobre una serie de artículos del presupuesto 2001 que aumentaron las previsiones de gasto.
Esas modificaciones fueron impuestas por la Cámara alta y la Alianza no logró revertirlas en Diputados. Por lo tanto, y según anunció el propio Agúndez, junto con el decreto instrumentando el plan de infraestructura, se conocerán también los vetos del gobierno al presupuesto. De la Rúa eliminará la fórmula establecida por el Senado para distribuir en forma anticipada los excedentes del Fondo del Tabaco y el artículo que restituye los haberes recortados a los empleados públicos.
El presidente del bloque de senadores del justicialismo, José Gioja, se mostró sorprendido por la decisión del gobierno de evitar el camino parlamentario para avanzar en el plan de obras públicas y advirtió que esa decisión podría afectar la seguridad jurídica del programa.
El plan de infraestructura, que promete movilizar una inversión de 2 mil millones en el año 2001, está armado sobre la base de un fondo fiduciario que garantice proyectos a financiarse por el sector privado, por lo cual la necesidad de no dejar fisuras legales es imperiosa.
Fuentes del gobierno señalaron que la Alianza se comprometió a no cargar las tintas sobre las demoras del Congreso a cambio de que la oposición no ataque la legitimidad de la norma.
El plan federal de infraestructura es la principal apuesta del gobierno para impulsar la reactivación de la economía en el año 2001. Además, es el dulce que quiere entregar a los gobernadores a cambio de que se comprometan a discutir un acuerdo político que permita avanzar en una reforma impositiva y un ajuste de gastos en el sector público de las provincias.
Esa idea, que desde el gobierno se imagina comandada por el ex ministro Domingo Cavallo, comenzará a cocinarse hoy en la reunión de De la Rúa con los mandatarios justicialistas.
Aunque el consenso no será fácil. El gobernador Carlos Reutemann, tradicionalmente uno de los más proclives al acuerdo con el Ejecutivo nacional, ya adelantó: El gobierno nacional insiste mucho con las provincias pero nosotros vimos que está terminando el año con un déficit de 7 mil millones dólares y prevé otros 7 mil millones para 2001.
Entrampado en sus propias urgencias, el gobierno promete apelar al decreto sin sonrojarse. El presidente Fernando de la Rúa adelantó que también echaría mano de esa medida para sancionar la reforma previsional.
Son tiempos complejos los del Congreso, dijo para luego señalar que se viven momentos muy difíciles y se precisan decisiones rápidas.
Respecto de las jubilaciones, negó que el reemplazo de la Prestación Básica Universal (PBU) por un subsidio de 100 pesos para los haberes inferiores a 500 pesos signifique un recorte de los haberes. No es que se rebaje nada sino que se replantee cómo funciona el sistema, dijo.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, quiere tener aprobada la reforma previsional en enero, como parte de los compromisos asumidos a cambio del blindaje financiero.
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La Ciudad
