Esto no fue una privatización, sino una pulverización de un banco tradicional, maravilloso, que fue orgullo para la provincia de Santa Fe. Las palabras de uno de los más prestigiosos juristas santafesinos, Juan Bernardo Iturraspe, no son más que el reflejo de una realidad lastimosa para la provincia en el marco del proceso de privatización del Banco Provincial de Santa Fe. La entidad, concebida por hombres de la producción santafesina de otros tiempos para el fomento, fue privatizada por el ex gobernador Jorge Obeid y su ministro de Hacienda Hugo Garnero, denunciados por defraudación, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por varios acreedores de la entidad financiera.
Iturraspe aseguró a La Capital que, en menos de dos años, la provincia le pagó al banco en concepto de comisiones la mitad del precio de la venta, lo que equivale a decir que el banco fue regalado y no fue Papá Noel quien hizo ese presente magnífico, sino personas de carne y hueso que marchan hacia la impunidad. De esta manera, el abogado y su colega Horacio Duilio Zamboni comenzaron a narrar la historia de la privatización del banco, en la que al fin queda la clara sensación de que nada de lo que se hizo debió hacerse.
El caso es que Iturraspe y Zamboni -en representación de los abogados y acreedores del banco Hugo Grasso, Juan Carlos Giachello y Alberto Reggiardo- radicaron una denuncia por malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Obeid y Garnero en el juzgado correccional de la ciudad de Santa Fe a cargo del doctor Pascua en el año 1998. En septiembre pasado, los acreedores patrocinados por Iturraspe y Zamboni radicaron una nueva denuncia en un juzgado de instrucción santafesino contra los ex funcionarios del gobierno, esta vez por un delito más grave: defraudación.
Una historia digna de Ripley
En el caso correccional, para los denunciantes, Obeid y Garnero incurrieron en un flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario cuando no remitieron a la Legislatura santafesina dos convenios para que el cuerpo colegiado los ratificara en el marco de la privatización: uno de depósito fiduciario y otro de sustitución de depósito fiduciario. Lo que sucedió respecto de estos dos convenios y con la privatización del banco puede insertarse en el célebre Créase o No, de Ripley y seguramente sería el corrillo de los sectores financieros internacionales. Ello no sólo porque la tradicional entidad santafesina, como se sabe, se vendió en la exigua cifra de 57.246.000 pesos -calificada de irrisoria por los propios diputados obeidistas-, sino porque increíblemente ese monto no fue entregado a la provincia, sino depositado -dijeron Iturraspe y Zamboni- en una cuenta del Banco Nación donde permaneció retenido desde el mes de junio de 1998 hasta diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, el dinero de la venta tampoco lo recibió el estado provincial sino que pasó a una cuenta oficial del gobierno abierta en el Nuevo Banco de Santa Fe y, según sostienen los abogados de los acreedores, indisponible para el gobierno. El dinero finalmente fue liberado días después de que los acreedores presentaran la denuncia por defraudación en septiembre pasado contra Obeid, Garnero y los integrantes de la comisión liquidadora.
En la denuncia correccional que se hizo por el presunto delito de malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, Pascua, de manera incomprensible, resolvió el archivo de la causa. Sin embargo, el fiscal Romero apeló esa insólita medida y la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, en un acto de equidad, la revocó. A más de dos años de efectuada la denuncia, el juzgado que entiende en la causa correccional no ha podido profundizar la investigación. De acuerdo con lo expresado por Iturraspe y Zamboni, pese a esta contundente revocatoria dictada hace un mes y medio, tampoco se realizaron medidas investigativas.
Por este camino el expediente llegará a calmar la ansiedad de aquellos que aguardan la prescripción ,que en más de un caso es pariente cercana de la impunidad. Lo cierto es que el juez Pascua fue denunciado por los abogados litigantes por ignorancia del derecho ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, pero -según Iturraspe- el máximo tribunal, a más de cuatro meses de ese hecho, despide el año sin haber tratado la cuestión.
Al banco lo regalaron, esa es la verdadera expresión, enfatizó Iturraspe quien luego de 60 años en la profesión asistió a lo que nunca antes había visto, como el hecho de que en una compraventa el precio, el monto de la venta lo tuviera durante casi dos años el mismo comprador, señaló. Según el abogado todo se hizo en secreto, porque los decretos de los convenios no se publicaron en el boletín oficial ni fueron remitidos para que los aprobara la Legislatura.
Plata que va y viene
Los abogados entrevistados indicaron que la nueva sociedad bancaria se inició con un capital de 12.000 pesos, lo que se supone asombroso, inexplicable e imposible para poner en funcionamiento una entidad financiera, por eso el capital después fue ampliado. Pero la prosperidad estuvo de parte del nuevo banco, porque en un año y medio el banco le cobró a la provincia en concepto de comisiones casi la mitad del valor de la venta: 28 millones de pesos, dijeron los entrevistados.
Para los profesionales, la estrategia de la privatización diseñada probó acabadamente que la operatoria elegida lo fue exclusivamente con la finalidad ilícita de burlar el derecho de los acreedores. Añadieron que las deudas que deberá afrontar el Estado provincial son cuantiosas y los acreedores son innumerables. Uno de ellos pidió la quiebra del banco.
Los entrevistados concluyeron la historia de lo que debió ser una privatización libre de dudas, con la recomendación dada a políticos y jueces de que lean la cita de Vélez Sarsfield: Sería un deshonor de la ley que los jueces cerraran sus ojos ante un conducta fraudulenta y permitieran que ésta triunfara.
La Ciudad
