El juez en lo civil y comercial Víctor Perrotta, quien en 1998 ordenó la suspensión de los torneos de AFA por los hechos de violencia que se registraban en el fútbol argentino, dijo ayer que muchos dirigentes son barrabravas y otros tienen miedo de actuar, por eso no asumen la responsabilidad de terminar con este problema.
Respecto de la repetición de hechos de violencia en los espectáculos deportivos, el juez señaló que no existe un adecuado equipamiento de parte de la policía para combatir el problema y tampoco hay establecimientos carcelarios adecuados para alojar a quienes cometen contravenciones en los estadios de fútbol. Y si alguien va a la cárcel por ese tema, es peor.
Entre las medidas adoptadas por Perrotta figuró una nota enviada a toda la dirigencia del fútbol argentino, para que informara acerca de la existencia de barrabravas o grupos de presión, pero la totalidad de las entidades se pronunció en forma negativa.
La respuesta en varios casos fue una burla. Lo que pasa es que muchos dirigentes son o tienen un pasado de barrabravas, y otros, que creo son mayoría, tienen miedo de asumir la responsabilidad de denunciar a los violentos. Después están los que, directamente, no respetan la ley, enfatizó el magistrado.
A mí me atacaron de manera despiadada por las iniciativas que tomé. Pero hoy en día estoy totalmente convencido de que esas reacciones de parte de la dirigencia del fútbol obedecieron a intereses creados, aseguró.
Tras una extensa actuación, que incluyó un expediente con numerosas fojas, Perrotta elevó el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya Sala K resolvió archivar el caso.
Esa medida del alto tribunal consideró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no tenía responsabilidad respecto de las cuestiones de seguridad, tema que era resorte exclusivo del Estado, y como tal no podía ser demandada la casa del fútbol.
La decisión por parte de Perrotta de suspender el fútbol motivó una serie de reuniones con el titular de la AFA, Julio Grondona, y el entonces secretario de Seguridad Interior de la Nación, Miguel Angel Toma, que derivaron en la decisión de instrumentar una serie de medidas en los estadios, como por ejemplo la prohibición de que las hinchadas ingresaran banderas de grandes dimensiones.
Perrotta también había sugerido la no realización de partidos en horarios nocturnos, la organización de una sola fecha por semana y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en un radio de 800 metros alrededor de los estadios.
El magistrado solicitó también informes acerca de la habilitación de los estadios y comprobó que en la Capital Federal ninguno la tenía en forma definitiva.
Asimismo pidió la instrumentación de los equipos de seguridad de audio y video en las canchas, una medida que a casi dos años de solicitada solamente se han concretado en los estadios de Boca Juniors, River Plate, Vélez Sársfield y San Lorenzo, en el ámbito de la Capital Federal, y Lanús e Independiente en el Gran Buenos Aires.
Por lo que se ve en televisión pareciera que muchas de esas medidas cayeron en desuso. O por el contrario, si están vigentes no hay voluntad de cumplirlas, aseveró el juez cuando se lo consultó respecto del tema de las banderas que se vieron en los estadios en los últimos tiempos.
Yo dije, en mayo de 1999, que era de esperar la repetición de estos hechos de violencia en el fútbol tras la decisión de la Cámara de poner fin al recurso de amparo, consideró Perrotta.
Ese fallo, desde mi humilde opinión, desdibujó mucho lo actuado y, además, se fundó en algunos argumentos un tanto endebles, tal el caso de considerar que Ramírez Chagra, en su carácter de denunciante, no tenía legitimación activa al momento de efectuar la presentación, precisó.
Interrogado sobre si volvería a actuar de la misma manera en caso de que le acercaran una presentación de las mismas características, un tanto decepcionado el juez dijo que no tendría la misma voluntad, porque lamentablemente no se supo capitalizar todo lo que se trabajó en el tema.
Perrotta se volvió a manifestar partidario de instrumentar el derecho de admisión en los estadios, un tema que resultó conflictivo para la AFA, que fijó su posición señalando que era muy difícil a los dirigentes ponerla en práctica.
La dificultad acerca de instrumentar el derecho de admisión estuvo radicada en saber quién era el encargado de suministrar los datos de aquellos a los que se les debía prohibir el ingreso a los estadios.
Con tal motivo se pidió la actualización de un banco de datos de aquellos que tuvieran antecedentes en hechos de violencia, constando informes filiatorios, domicilio y fotografía de los responsables, algo que, según Perrotta, parece que nunca se llevó a cabo.
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La Ciudad
