Santiago. - El general retirado Augusto Pinochet obtuvo su segunda victoria judicial en nueve días al lograr que los exámenes mentales que decidirán su futuro procesal se realicen en una institución militar y no en un hospital público. Una sala de la Corte de Apelaciones resolvió ayer, por unanimidad, que las pericias mentales y neurológicas se realicen en el Hospital Militar, pero en presencia de dos peritos adjuntos, designados por la defensa y la acusación.
Este es el segundo triunfo judicial del ex dictador en nueve días, porque el pasado lunes 11 de diciembre la Corte de Apelaciones anuló, por razones formales, la orden de procesamiento y arresto domiciliario dictada por el juez Juan Guzmán, que instruye otras 190 querellas criminales en su contra.
Pinochet, de 85 años, está acusado como coautor de 18 secuestros y 57 ejecuciones ilegales de opositores cometidos por la Caravana de la Muerte, una misión castrense enviada por él a ciudades del norte para supuestamente agilizar juicios, en 1973. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones decidió que las pericias mentales y neurológicas se harán en el Hospital Militar, en presencia de dos peritos adjuntos, designados uno por cada parte: Luis Fornazari por la querella y Sergio Ferrer por la defensa. La labor de los peritos estará restringida, ya que según el dictamen judicial, sólo podrán adoptar resoluciones respecto de aquellos puntos que les señalen los especialistas titulares.
La designación de los peritos, uno designado por la defensa de Pinochet, el doctor Luis Fornazari, y otro por los querellantes, el también neurólogo Sergio Ferrer, se considera una forma de otorgar mayor transparencia al proceso y permitirá a los acusadores impugnar un eventual resultado desfavorable a sus pretensiones. Estos expertos también deberán visar los análisis clínicos que los neurólogos de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Chile practicarán al ex uniformado. Estos peritajes fueron recientemente ordenados por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los jueces Alfredo Pfeiffer, Alejandro Solís y Sergio Muñoz fueron quienes tomaron la resolución que ayer dejaron en acuerdo tras escuchar a los querellantes Hugo Gutiérrez, Juan Bustos y al defensor Ambrosio Rodríguez. El defensor Ambrosio Rodríguez explicó una vez conocido el fallo, que la actuación de los peritos adjuntos se restringe a aquellos puntos que expresamente los peritos titulares les indiquen. De esta forma nosotros queremos que se resguarde debidamente la norma del debido proceso y esperamos que no existan mayores dilaciones y que se tomen rápidamente y a la brevedad estos exámenes médicos, agregó.
Los acusadores de Pinochet alegaron para que la revisión se hiciera en un hospital fiscal y en presencia de dos expertos adjuntos al equipo del estatal Servicio Médico Legal, mientras la defensa abogó en favor del recinto militar, pero sin los peritos adjuntos para no invadir la privacidad del general.
Exámenes poco confiables
Los querellantes alegaron que podrían confiar en los resultados de los exámenes si se hacían en un hospital público, donde no existe una subordinación de mando como en el recinto castrense, según afirmó el abogado socialista Juan Bustos.
El abogado acusador Hugo Gutiérrez, reiteró ayer que los querellantes buscábamos asegurarnos de la objetividad de los exámenes. En parte, se consiguió algo, al autorizarse a los médicos adjuntos, que es algo que nos da garantía de imparcialidad. El resultado de las pericias mentales y neurológicas es vital para el futuro procesal del ex dictador, ya que la ley establece que los locos o dementes pueden ser eximidos de juicio, y la defensa de Pinochet se está jugando por salvar a su cliente por razones médicas.
Ahora, Pinochet debe esperar la resolución de la Corte Suprema que decidirá si anula o mantiene el enjuiciamiento dictado por Guzmán. La Corte de Apelaciones anuló el procesamiento porque el magistrado no interrogó al ex dictador antes de encausarlo. El magistrado estimó cumplido el requisito con el exhorto de 75 preguntas que envió a Pinochet el año pasado, cuando estaba detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón.
La Ciudad
