En la Argentina no hay voluntad política para averiguar qué pasó con los desaparecidos. No es la frase apocalíptica de alguien a quien ha dejado de importarle todo, sino la percepción basada en el sentido común y la experiencia de un grupo de abogados rosarinos que patrocina las causas por la denominada Verdad Histórica. Para ellos hay una actitud que nace de los gobiernos de turno y baja hacia la Justicia y sus funcionarios como un mensaje claro: que el pasado quede en el olvido y que la verdad jamás sea revelada. Así, la clase política y la Justicia se convierten en cómplices de los genocidas y permiten que queden impunes, afirman.
Para los abogados, muchos de los cuales son militantes en organizaciones de derechos humanos, un ejemplo sobra para demostrar la escasa energía de la Justicia cuando debe profundizar una investigación sobre el destino final de los desaparecidos: es el caso del ex jefe del II Cuerpo de Ejército y ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, a quien el juez federal local Carlos Carrillo debió traer a declarar hace ya casi un año y todavía no lo hizo. Como excusa, esgrimió que no sabían a qué domicilio notificarle la citación, cuando todo el mundo sabe que está con arresto domiciliario, cuentan.
Como Galtieri, también los ex generales Ramón Díaz Bessone y Domingo M. Trimarco debieron declarar ante un juez federal local. Pero en los Tribunales federales nadie movió un pelo para traerlos.
Esto ocurre porque no hay una predisposición política para investigar, ni por parte del gobierno, ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni de la Cámara Nacional de Casación, se lamentan los abogados.
Como contraste, citan el ejemplo de las condenas en ausencia de la Justicia francesa contra Alfredo Astiz, y de un tribunal italiano contra los ex generales Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros, entre otros ex militares argentinos, todos por el asesinato de ciudadanos de esas naciones.
Causas paralizadas
En los dos Juzgados federales penales con asiento en Rosario hay casi 40 causas sobre la averiguación de la Verdad Histórica, presentadas por familiares de desaparecidos que intentan saber qué pasó con ellos y buscan recuperar sus restos. Aunque lo consiguieran, saben que de todos modos los responsables no serán sancionados porque las leyes de punto final y de obediencia debida, dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y todavía vigentes, cerró esa posibilidad y cubrió de impunidad a los genocidas.
Para los abogados patrocinantes de esas causas el problema es que, exceptuando a unos pocos en todo el país, los magistrados y fiscales federales no tienen el menor interés en impulsarlas hasta llegar al descubrimiento de la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos. Y lo sostienen con ejemplos.
Los dos jueces federales (Carrillo y Omar Digerónimo) tienen la lista de todos las personas que trabajaron en los servicios de informaciones (inteligencia) en Rosario, pero nunca citaron a nadie, afirman.
Tras diferenciar lo que ocurre en otras ciudades (ver aparte), los patrocinantes insisten en que en Rosario no hay voluntad para investigar. Si los abogados no estamos encima de las causas, nunca pasa nada. Y muchas veces, cuando impulsamos una medida, directamente la obstaculizan, se quejan. Luego confiesan: Siempre estamos renegando con la inacción o la omisión de quienes tienen que impulsar la investigación. Así va a ser difícil que podamos establecer qué pasó con mucha gente desaparecida.
Para ellos, dos hechos históricos prueban claramente que la Justicia no quiere asumir el costo de investigar hechos que el punto final y la obediencia debida pretenden enterrar para siempre: \- El robo de expedientes en los Tribunales provinciales de Rosario, en 1984, que formaban parte de una investigación judicial sobre la participación de civiles en la represión y desaparición de personas en Rosario y alrededores. El robo jamás se esclareció y los expedientes nunca aparecieron.
- La decisión de la Cámara Federal con asiento en Rosario de no reabrir la causa Feced, un voluminoso expediente que guarda secretos sobre la represión ilegal y que podría convertirse en la punta del ovillo para revelar la identidad de los genocidas y desentrañar el destino de decenas de desaparecidos.
En Rosario las causas están virtualmente paralizadas, y lo peor es que a nadie le interesa, sintetizan los abogados. Para ellos, lo peor es que tampoco hay presión social para que la verdad histórica sea develada. Mientras tanto, no les queda más remedio que enterarse por los diarios sobre las condenas a los genocidas argentinos en los tribunales extranjeros.
La Ciudad
