La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el pacto fiscal federal, que fija un límite para el incremento del gasto en las provincias hasta el 2005 y compromete un aumento de 225 millones de pesos en los recursos para la ayuda social.Manifestaron su apoyo a la norma la mayor parte de la Alianza, el justicialismo y los cavallistas de Acción por la República. En contra se manifestaron una parte de los legisladores de los partidos provinciales, un grupo de frepasistas disidentes, los socialistas y los legisladores justicialistas que responden al gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el único mandatario que se negó a firmar el pacto. La votación se impuso por 144 a favor, frente a 17 en contra y una abstención. Entre los puntos principales del pacto fiscal aprobado ayer por Diputados figuran: u Congela el gasto de las provincias por los próximos cinco años a cambio de fijar montos mínimos de coparticipación en el mismo período. Incluye una excepción para cuando se compruebe que el crecimiento vegetativo de la población pone en riesgo la prestación de servicios básicos como salud, educación y seguridad. u Como contrapartida el gobierno central garantiza a las provincias en el 2001 y el 2002 1.364 millones mensuales, y en el 2003, 2004 y 2005 el promedio de los 3 años anteriores con un piso de 1.400, 1.440 y 1.480 millones respectivamente. u El gobierno se compromete a incrementar y redistribuir fondos para garantizar un paquete de ayuda social de 225 millones de pesos. u Las provincias se comprometen a unificar los registros de beneficiarios de planes sociales con la Nación y las municipalidades. u Además se fija un plazo para suscribir un sistema único de identificación tributaria. u El gobierno debe pagarle a las provincia el 50 por ciento de las deudas por la garantía del FONAVI correspondiente a 1999. El resto será compensado con programas sociales y de empleo. u Las provincias puede gastar hasta la mitad de lo que perciban por fondos específicos con fines diferentes a los pautados para ellos. u La Nación y las provincias asumen el compromiso de presentar una nueva ley de Coparticipación en el 2001.
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