El Senado aprobó ayer por la tarde el presupuesto nacional, reclamado por el Ejecutivo como condición para conseguir el blindaje financiero. La Cámara alta aprobó la norma no sin antes introducirle algunas modificaciones que implican un incremento en el gasto estimado por el oficialismo de entre 80 y 100 millones de pesos.
La mayoría de los cambios incorporados en el proyecto, que ahora debe regresar a Diputados en segunda revisión, obtuvieron dos tercios de los votos porque fueron acordados entre el radicalismo y el justicialismo, a partir de un mayor peso de las lealtades provinciales que las partidarias. De esta forma, para eliminar esas modificaciones el oficialismo precisa reunir en Diputados la misma proporción de votos.
La Cámara alta cumplió con el compromiso que había asumido con el presidente Fernando de la Rúa de votar el presupuesto esta semana. Estaba previsto que el proyecto fuera tratado ayer mismo en Diputados, pero finalmente se acordó hacerlo la próxima semana. Esta actitud fue muy criticada, en reserva, por senadores del oficialismo y de la oposición.
Entre las modificaciones más importantes introducidas por el Senado se encuentran los artículos relacionados con el sostenimiento de la exención impositiva en el gas y los combustibles en las provincias patagónicas, la distribución de diferimientos impositivos en provincias promocionadas, la inclusión de fondos para los partidos políticos y un nuevo sistema de reparto de excedentes del Fondo del Tabaco.
Los senadores también aprobaron un cambio en el artículo 18 para que el Poder Ejecutivo restituya el 12% recortado por decreto a los empleados estatales, siempre y cuando se produzcan ahorros en las respectivas reparticiones. Sin embargo, este cambio fue votado por simple mayoría, sin el apoyo del radicalismo, por lo que en Diputados el oficialismo podrá insistir en su exclusión con la misma proporción.
Una vez concluida la sesión, radicales y justicialistas disintieron respecto de los alcances e implicancias de los incrementos habilitados en los gastos, aunque todos coincidieron en que no se pone en riesgo el blindaje que el gobierno está negociando con el FMI.
Un senador del radicalismo, que pidió el off the record, relató que en el Ministerio de Economía no están muy contentos con el aumento del déficit que implicó la votación, pero ya sabían que el presupuesto no iba a salir de acá inmaculado.
El radical Juan Altuna admitió que hay un aumento en los gastos de entre 80 y 100 millones. Su par Leopoldo Moreau evaluó una cifra menor en el aumento del gasto y aseguró que deben ser no más de 50 millones, lo cual no tiene gravitación en un presupuesto de 51.000 millones de pesos.
Sin embargo los justicialistas aseguraban que no se aumentó el déficit previsto de 6.995 millones porque en todos los casos en que se resolvieron nuevas partidas se le dio atribuciones al jefe de Gabinete para reasignarlas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Verna, afirmó que no hay más gastos que los previstos, y cuando fue consultado por la cifra de dos pesos asignados a los partidos por cada voto obtenido, espetó: Que saquen algo de los 1.725 millones que tienen para contratar servicios de las consultoras amigas.
El jefe del bloque justicialista, José Luis Gioja, resaltó el gesto de que la oposición haya votado en tiempo récord el presupuesto que ingresó al Senado el lunes.
El aumento se deriva esencialmente de la aprobación de la asignación de dos pesos por voto a los partidos políticos (23 millones), de la creación de una partida para la comisión encargada de fijar los límites en la plataforma continental marítima (14 millones), la distribución de excedentes de los diferimientos impositivos (35 millones) y de lo recaudado para el Fondo del Tabaco (20 millones).
La norma votada ayer por la madrugada en general, y a las 17.30 en particular, además diseña un nuevo mecanismo de rebaja del déficit fiscal para alcanzar en el 2005 el equilibrio tributario, que está previsto para el 2003.
Pese a estos cambios, no se elevó el gasto total para el ejercicio 2001, pautado en 51.896 millones de pesos, con un déficit estimado de 6.995 millones de pesos y una tasa de crecimiento del PBI de 2,5 por ciento, con lo cual se obliga al Ejecutivo a la reasignación interna de partidas.
Del monto total presupuestado, 15.000 millones serán destinado a la seguridad social, es decir para el pago de jubilaciones, pensiones, salarios familiares, planes de empleo y programas de contención laboral.
Los otros rubros que mayores costos insumirán son los intereses de la deuda pública, con 11.245 millones de pesos, y los gastos en salarios de los empleados del sector público, con 6.673.
También se destinarán 2.100 millones a la cajas de jubilaciones de las fuerzas armadas y de seguridad, 2.942 millones para salud, 3.333 millones para educación y cultural, y 3.500 millones para inversiones públicas.
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La Ciudad
