Cáritas Argentina, junto a una veintena de Organizaciones No Gubernamentales, cuestionó los 2,2 millones de pesos que destinará el Presupuesto 2001 a los planes de vivienda populares, por lo cual exigió una política habitacional popular que alcance a todos los necesitados. La entidad caritativa de la Iglesia que preside monseñor Jorge Casaretto (San Isidro) aseguró que la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza se vincula con la distribución de los recursos y que, con relación al hábitat, es preciso una redistribución económica que favorezca a los ciudadanos más pobres, ya que no es posible la solidaridad sin justicia.
En el reclamo, al que autocalifica como histórico, Cáritas subrayó la urgencia de otorgar a los ciudadanos más pobres, sujetos de derecho como parte constituyente del Estado, una política habitacional argentina y lamentó que el Fondo de Emergencia para la Vivienda en el presupuesto 2001 sea sólo de 2.200.000 pesos.
Las entidades asistenciales consideraron, en un comunicado conjunto, que es fundamental avanzar en la discusión del problema habitacional, de la tierra, la vivienda y la pobreza en la Argentina y se comprometieron a trabajar mancomunadamente ideas para fortalecer y recuperar experiencias, adecuar los mecanismos que tenemos construidos y proponer soluciones entre todos los actores involucrados.
Propuestas
En este sentido, estimaron necesario poner en práctica las siguientes propuestas:
- Contemplar la necesidad de incorporar operatorias que la conviertan en vivienda como proceso social con la participación activa de organizaciones de base y familias destinatarias.
- Incorporar modelos de gestión y producción que además de los actores tradicionales (institutos de vivienda, bancos, empresas) integre a otros actores comprometidos en el problema socio-habitacional: organizaciones no gubernamentales, confesionales, organizaciones de base, municipios, micro y pequeñas empresas, al sector privado, las universidades, las entidades intermedias y todos los intervinientes en la problemática para que colaboren en la consolidación de políticas que atiendan las necesidades presentadas.
- Trabajar junto a la gente sin tierra y vivienda para tener en cuenta en los programas de vivienda sus expectativas reales. Generar fuentes de trabajo para las propias familias, llegar a una vivienda digna con estándar de calidad aceptable y dimensión de acuerdo a las demandas del grupo familiar, aumentar el capital social de la familia y de la comunidad e incorporar a los beneficiarios en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
En tanto, para lograr una política sostenida de tierra, vivienda y hábitat rural y urbano que incluya a la gente más pobre, Cáritas y las ONGs insistieron en adecuar dos estructuras que ya existen en la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.
La idea es otorgar rango de política al Programa 27 (que refiere al mejoramiento habitacional a través de lotes con servicios, microcréditos, núcleos sanitarios), dependiente de la Subsecretaría de Vivienda, es decir, darle un marco legal y financiero que le asegure su continuidad, y que los fondos del Fonavi también se orienten a dar vivienda a la población de más bajos ingresos en el ámbito rural y urbano, como también instrumentar los mecanismos legales y adecuar los políticos para asegurar que el porcentaje del Fonavi destinado a los más pobres se utilice para ese fin.
Piden todos los fondos del Fonavi
Por último, aseguran que para no retroceder en un logro histórico sobre el sector de la vivienda es fundamental utilizar la totalidad de la disponibilidad presupuestaria del Fonavi, que por ley corresponde a 900 millones anuales y deben ser asignados a los institutos provinciales de vivienda.
Además de Cáritas Argentina firman la nota, entre otras instituciones, la Red Intercambio Hábitat, Serviproh, Sedeca, Fundación Vivienda y Comunidad, Madre Tierra, Incupo, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, Acción Educativa, Un Techo para mi Hermano, Madre del Pueblo e Inpades.
La Ciudad
