Capitán Bermúdez. - La tensión volvió a apoderarse de esta ciudad en el marco de la crisis municipal cuando se confirmó una orden judicial para que la policía desalojara la sede comunal, tomada desde el jueves por el personal. La medida finalmente fue suspendida provisoriamente por el juez penal sanlorencino Eduardo Filocco, para evitar las trágicas consecuencias que podrían haberse desencadenado a partir de la amenaza, por parte de unos diez trabajadores, de quemarse a lo bonzo si la policía utilizaba la fuerza para desalojarlos.
Más de cien empleados de planta permanente se sumaron ayer a la madrugada a la ocupación del edificio, cuando trascendió que la medida iba a hacerse efectiva, según se rumoreaba, por parte de Gendarmería. A las 11 el gremio convocó a una conferencia de prensa donde expuso sus requerimientos y posturas. Resistiremos -amenazó por la mañana el titular del gremio bermudense, Jesús Monzón- porque hay compañeros que prefieren morir quemados que de hambre. Mientras tanto, por el balcón se veían hombres con bidones de nafta y otros elementos inflamables.
La medida no se hizo efectiva luego de tensas reuniones de las que participaron ediles opositores, que intentaron mediar entre el personal y el intendente Gerardo Carlucci. Por otra parte, miembros de la Pastoral Social -que desde hace meses viene trabajando para acercar a las partes en conflicto- volvieron a incursionar en territorio bermudense.
Sobre las 16 la policía notificó oficialmente la orden de allanamiento. Luego se hicieron presentes frente a la Municipalidad Carlos de Isla, de la Pastoral Social; el delegado de la Secretaría de Trabajo de la provincia en Rosario, Mariano Savia; el jefe de la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo, José Luis Giacometti y el combativo sacerdote bermudense Salvador Yaco.
El resultado de las conversaciones con el gremio motivó a los mediadores a concurrir ante Filocco para hacerles saber que de usar la fuerza para ingresar, había hombres dispuestos a inmolarse, según dijo Giacometti. Tras recibir el informe, el magistrado suspendió la medida.
Ahora está todo en manos del juez, dijo Giacometti respecto de cómo podría continuar este episodio de la historia escrita en torno a este conflicto. En principio, una asamblea del gremio decidió, cerca de las 17.30, que no abandonarían el edificio -que, según ellos, no está tomado sino ocupado pacíficamente- si no viene algún funcionario con poder de decisión del gabinete de Carlos Reutemann.
No hay nada para ceder
Al recibir el rumor sobre la orden de desalojo, el gremio se movilizó y convocó a una conferencia de prensa para las 11, en la que expusieron su posición de pedir a la provincia que intervenga más activamente en el conflicto.
Vemos que el gobierno provincial no hace cumplir las leyes, porque el intendente no acató la conciliación obligatoria y los trabajadores sí lo hicimos. Hasta ahora siempre cumplimos con las leyes y seguiremos peleando por nuestros derechos, dijo Monzón, y advirtió: Tenemos compañeros en el balcón (del municipio) con bidones de nafta, dispuestos a resistir. Nuestras familias tienen hambre, esto no da para más. Algunos prefieren morir peleando que de hambre, y si muere alguien en Bermúdez el responsable va a ser el gobierno de la provincia.
El gremialista, quien fustigó a casi todo funcionario cuyo nombre le viniera a la boca, sostuvo que no alcanza con que nos paguen los sueldos; queremos una solución de fondo, y detallo: Que se anulen los sumarios, que los compañeros retomen las tareas que les correspondan y ahí firmamos una paz social por 180 días, con control de la Pastoral Social, la Secretaría de Trabajo, la de Municipios y la Festram para que controlen la situación.
La Ciudad
