Procesan a una jueza de Oberá por tráfico de bebés

El Tribunal Penal Nº2 de Posadas comenzó ayer el juicio contra la suspendida jueza Aída Vázquez de Moreira, quien está sospechada de integrar una red de tráfico de bebés luego de que su esposo fuera filmado por un equipo periodístico cuando supuestamente ofrecía servicios para conseguir la tenencia de los pequeños.
En la primera audiencia que se realizó durante la mañana de ayer, la defensa de la jueza buscó anular la causa por una serie de presuntos errores formales por parte de la acusación, pero los integrantes del tribunal optaron por la continuidad del proceso.
Vázquez de Moreira es titular del juzgado Civil y Comercial Nº1 de la ciudad de Oberá y fue acusada por el procurador general, Miguel Angel Piñero, por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y apología del delito. La defensa de la magistrada, que llegó temprano a Tribunales enfundada en un tailleur blanco, está a cargo del abogado correntino Nelson Pesoa y su colega misionero Eduardo Paredes.
Las actividades de la jueza comenzaron a ser investigadas luego de que el 26 de julio pasado el programa periodístico TN Investiga emitió la filmación que mostraba a su esposo, el abogado Claudio Moreira, explicando los presuntos servicios de una organización que se dedicaría a conseguir bebés con sus legítimos documentos de adopción por valores de entre mil y 9 mil pesos.

Amplían la investigación
En tanto, otras investigaciones siguen su curso en el ámbito judicial y administrativo que tratan de dilucidar si en esa presunta red de tráfico de bebés podrían estar involucrados funcionarios, abogados y médicos de Oberá. A raíz del trabajo periodístico, en julio pasado el Superior Tribunal dispuso una investigación administrativa y penal en el juzgado de Vázquez de Moreira, para lo cual designó a la fiscal Margarita Ferreyra de Negro para que lleve adelante las averiguaciones en el terreno administrativo.
Al mismo tiempo, el Superior Tribunal había girado las actuaciones al procurador general para que promueva las acciones penales correspondientes. Desde entonces, la jueza Vázquez de Moreira fue suspendida en sus funciones, la Cámara de Diputados provincial emitió tres pedidos de informes y el Colegio de Abogados de Misiones dispuso investigar, con un tribunal de disciplina y ética, a los abogados que presuntamente habrían participado en las operaciones de adopciones ilegales y tráfico de niños.