El gobierno nacional obtuvo ayer un apoyo indirecto de los gobernadores a la reforma de las jubilaciones al rubricar una nueva fórmula de distribución de la coparticipación federal mediante la cual se compartirá con las provincias recursos que desde 1992 eran asignados a cubrir el déficit de la seguridad social. Mientras tanto, el presidente Fernando De la Rúa anticipó que hoy, finalmente, tomará una decisión sobre el tema. La fórmula quedó incluida en el compromiso federal rubricado ayer entre la Nación y los gobernadores justicialistas, que establece el compromiso de eliminar la denominada precoparticipación del 15 por ciento que en la década pasada cedieron las provincias para soportar el abultado déficit del régimen de reparto. Esta cláusula regirá a partir del 2003, siempre y cuando no se apruebe con anterioridad un nuevo acuerdo de coparticipación federal. El Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal que firmaron ayer los mandatarios provinciales -con excepción del rionegrino Néstor Kirchner- establece que el ahorro que implique la disminución del déficit previsional del sistema nacional se distribuirán entre las partes. Sin embargo, el acuerdo no precisa en qué proporciones se repartirán estos fondos entre las distintas provincias. Indica además que se simplificarán las transferencias y se eliminará la precoparticipación del 15 por ciento destinada al financiamiento del déficit previsional, vigente desde el Pacto Fiscal I de 1992. Esta cláusula, de hecho, es un apoyo virtual de los mandatarios provinciales a una reforma que viene siendo cuestionada en el seno de la Alianza y fue rechazada por el bloque de diputados del justicialismo. Los diputados Oraldo Britos, Saúl Ubaldini y José María Díaz Bancalari criticaron en nombre del bloque el paquete de medidas económicas del gobierno, sobre todo la rebaja de la Prestación Básica Universal (PBU) y la eliminación del sistema jubilatorio de reparto. Además, los legisladores se ocuparon de separar el pacto federal de la posición del bloque. Es un acuerdo fiscal, expresó Díaz Bancalari y subrayó que no tiene nada que ver con la postura del PJ frente a las medidas. En tanto, el presidente Fernando de la Rúa, señaló anoche que mañana (por hoy) decidirá si la reforma previsional se sanciona por decreto o bien se envía en un proyecto de ley, para intentar darle aprobación parlamentaria. Tras la firma del acuerdo fiscal con las provincias, el jefe del Estado dijo durante la reunión de gabinete personalmente tomaré la decisión sobre la reforma previsional. Sin embargo, durante el fin de semana habría habido contactos con legisladores oficialistas para que impulsen la sanción legislativa de la reforma previsional. Esto provocó que el Poder Ejecutivo analice la alternativa parlamentaria y desista del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Palacio de Hacienda. Los nuevos retoques de la reforma prevén un reemplazo de la PBU por la Prestación Suplementaria (PS), con un monto de cien pesos mensuales, con carácter de jubilación y no de pensión graciable, para todos los mayores de 70 años, aún cuando no hayan hecho aportes previsionales, lo que les da derecho a las prestaciones del Pami. Respecto de la edad jubilatoria de la mujer se decidió elevarla a 65 años, pero autorizando que se opte por acceder a la misma a partir de los 60, aunque en este caso se hará una quita sobre el haber final de diez pesos mensuales por año de menos, con lo que de optarse por los 60 la pérdida final será de 50 pesos. En tanto, se mantendría en principio la eliminación del régimen de reparto. En lo que hace a los trabajadores que hayan hecho sus aportes, el sistema establecerá un básico de 300 pesos mensuales móviles en relación con la variación de los salarios de quienes se mantengan en actividad.
| |