Tras ocho días de negociaciones, el gobierno nacional firmó con la gran mayoría de los gobernadores justicialistas (la excepción fue el santacruceño Néstor Kirchner) el compromiso federal que congela el gasto público por cinco años en las provincias. El nuevo pacto era una de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para armar un blindaje financiero de 20 mil millones de dólares destinado a resguardar a la Argentina del fantasma de la cesación de pagos. Con el consenso alcanzado entre el oficialismo y la oposición, la misión del organismo que la semana próxima había suspendido un viaje a Buenos Aires, anunció que arribará la semana próxima para empezar a negociar las nuevas metas fiscales.
El secretario del Tesoro estadounidense, Larry Summers, celebró el pacto firmado entre la Nación y las provincias, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, dijo que ahora el blindaje financiero está más cerca. El presidente Fernando de la Rúa lamentó la demora registrada en las negociaciones pero aseguró que el compromiso federal pone al país en el camino de la seguridad, la previsibilidad y el crecimiento.
La introducción, a instancias del gobernador cordobés José Manuel de la Sota, de una cláusula especial que permite realizar nombramientos en servicios esenciales frente a situaciones de emergencia, destrabó uno de los puntos más conflictivos del acuerdo. En las últimas horas, los justicialistas habían resistido una norma que los inhibiera de nombrar personal en salud, educación y seguridad.
Al congelamiento del gasto primario hasta el 2005 se suma, entre los ejes del acuerdo, la definición de un esquema de transferencias de recursos coparticipables a las provincias que establece un piso de 1.364 millones de pesos mensuales para el 2001 y el 2002, 1.400 millones para el 2003, 1.440 millones para el 2004 y 1.480 millones para el 2005. Por encima de esa garantía, a partir del 2003, las provincias podrán recibir hasta una suma que represente un promedio de los últimos tres años.
Además, la Nación transferirá el año próximo a las provincias 225 millones de pesos para gasto social (45 millones corresponden a programas sociales y 180 millones a programas de empleo), que serán administrados por los gobernadores..
A partir del 2002 y hasta el 2005, las provincias manejarán el 30% de los planes de empleo y alimentarios que maneja actualmente la administración federal. La Nación se compromete a cancelar en el 2001 el 50% de las deudas por la garantía del Fonavi y los Estados del interior a eliminar las cláusulas o convenios que impliquen aumentos automáticos de sueldos. Ambas jurisdicciones se comprometen a firmar un pacto de armonización tributaria para eliminar impuestos distorsivos.
Reparto previsional
El compromiso tiene una pata que involucra al sistema previsional, virtual tercer socio en el reparto de recursos federales. Se establece que a partir del 2003 el ahorro que implique la disminución del déficit del sistema previsional de la Nación (De la Rúa busca ese objetivo a través de la eliminación de la PBU), se distribuirá entre el gobierno central y las provincias. Además se eliminará la precoparticipación del 15% que se destina al financiamiento del rojo jubilatorio desde el pacto fiscal de 1992.
Tras una semana de marchas y contramarchas, el compromiso se firmó ayer a las 15 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el búnker de los mandatarios opositores durante las negociaciones. El escenario también fue negociado. Los funcionarios nacionales pudieron festejar el acuerdo pero tuvieron que ir a firmarlo en la trinchera del justicialismo.
Hacia allí llegaron después de las 14 el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo; y los ministros de Economía, José Luis Machinea, y de Interior, Federico Storani. Uno de los pocos testigos presentes fue Eduardo Bauzá, quien se convirtió durante el fin de semana en el nexo con los representantes del gobierno. El otro negociador que estuvo a full fue el cordobés José Manuel de la Sota, quien convenció a sus colegas y logró sacar del primer plano al bonaerense Carlos Ruckauf, que había asumido la postura más dura frente al gobierno nacional.
Uno nunca está conforme cuando es necesario ajustar de esta manera, pero es una contribución que le hacemos al país frente al hecho de que el gobierno tiene una verdadera situación difícil, afirmó el cordobés, mientras su par bonaerense se retiraba del CFI sin hacer declaraciones. El santafesino Carlos Reutemann se mantuvo en su extremo bajo perfil.
Desde el lado del gobierno nacional, el ministro de Economía se mostró exultante y dijo que ahora se está muy cerca de lograr el blindaje financiero que prepara el FMI. El vocero del organismo, Francisco Baker, aseguró que los delegados del Fondo viajarán finalmente a la Argentina la semana próxima. Los mercados respondieron positivamente a la firma del acuerdo. Los gobernadores justicialistas combinaron pucheros con declaraciones a favor de su propio patriotismo . Todos menos el santacruceño Kirchner, quien quedó como solitario luchador contra el pacto fiscal.
La Ciudad
