Polémica sobre la futura terminal de Rafaela

Rafaela. - Una disputa se desató entre los concejales de la Alianza y el oficialismo justicialista a raíz del resultado del concurso municipal de proyectos para la construcción de la terminal de ómnibus de esta ciudad. La polémica se origina en que, según los aliancistas, el ganador del certamen -cuyo premio consiste en 60 mil pesos-, el arquitecto Guillermo De Philippis, no podía participar por ser empleado provincial y aclararon que el Ejecutivo corre el riesgo de cometer delito penal al infringir la ley que establece derechos, deberes y obligaciones del personal provincial.
Los aliancistas Germán Bottero, Luis Peretti y Luis Telesco rechazaron todo lo actuado por el Ejecutivo en el tema de la nueva terminal de ómnibus y manifestaron la intención de revisar hasta la compra del terreno. Por su parte, la fiscal municipal Beatriz Abele aseguró que el municipio rafaelino no tiene competencia para determinar si De Philippis violó la ley al participar del concurso siendo empleado de la provincia y resaltó que la Dirección Provincial de Vivienda, donde se desempeña el arquitecto, debería determinar si existió tal violación.
La funcionaria rechazó así el planteo de la Alianza, que impulsó un proyecto de ordenanza pidiendo que se verifique ante la Justicia la violación a la ley provincial 8.525, que prohíbe a empleados provinciales recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u otorgados por la administración nacional, provincial o municipal.
Los ediles opositores indicaron que de acuerdo a lo que establece la norma legal, De Philippis no podría haber participado del concurso y estaría inhabilitado para convertirse en adjudicatario de los premios que le corresponderían según las bases, que establecían la firma de un contrato con el municipio para realizar el proyecto definitivo de la nueva terminal, más 60.000 pesos entre premio y honorarios.
Según Abele, el Ejecutivo no violará ninguna ley adjudicando el premio al ganador; en todo caso será la provincia quien tendrá que determinar si el empleado violó el estatuto del personal.
Además dijo que todo depende del criterio con que se interprete la ley. No sabemos qué alcances le dan en la provincia a esta ley, porque si se lee un artículo suelto y se hace una interpretación literal se le puede dar un alcance incorrecto, aseguró la funcionaria municipal.