Carlos Duclós Sergio Roulier
La Justicia federal allanó las oficinas de la unidad administradora de los policlínicos del Pami, conocida como Uppri. La medida fue ordenada en el marco de la investigación que se sigue por la presentación de la hija de una jubilada, quien denunció la contratación de consultoras fantasma que facturaban por prestaciones que no realizaban y por las que el Estado pagó más de dos millones de pesos en dos años. El convenio fue firmado por las anteriores autoridades del organismo y avalado por los integrantes del comité de control de gestión que representan a los tres gremios del personal y que permanecen en sus funciones (ver aparte).
El operativo, que duró cuatro horas bajo un estricto hermetismo, estuvo a cargo de oficiales de justicia y de la Policía Federal, quienes se llevaron cuatro grandes cajas con documentos de la institución allanada. El contenido forma parte de la causa que tiene el juez Hernán Carrillo, en reemplazo de su par Omar Digerónimo, en el marco de una presentación judicial en la que se denuncia asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
Se trata de determinar si las tres consultoras contratadas por la gestión anterior de la Uppri están direccionadas y también quiénes son sus accionistas, ya que podrían llegar a ser los gremios UTI, UPCN y ATE o personas allegadas a los mismos, según se detalló en el escrito presentado al magistrado. El contrato fue rescindido por la actual intervención el 15 de octubre pasado, después de 90 días de preaviso.
La Capital dio cuenta el 24 de agosto pasado de la investigación que se hacía desde la intervención al convenio elaborado por la Uppri con las firmas Consultores de Salud, Crexal y Asesores de Empresas, por los que se pagaban 105 mil pesos mensuales. En la oportunidad, se cuestionaba el carácter oneroso del convenio, ya que con un 25por ciento del monto se podían hacer las tareas contratadas. Además, trascendió que la primera de las firmas estaba conformada por dos representantes de cada uno de los gremios, que a su vez debían controlar a esas empresas.
Las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigén) y el Pami confirmaron que hubo una serie de anomalías y descontrol en la anterior gestión de los policlínicos. Entre otros puntos, se señalaron irregularidades en el contrato con Consultores de Salud, firma a la que se abonó sobre un número de cápitas mayor a lo permitido por el nivel central. El informe del organismo de contralor fue remitido por su titular, Rafael Bielsa, al juez Carrillo.
Hacía 28 años que una oficina del Pami local no era allanada y esta denuncia, junto al informe presentado por Bielsa, precipitó una medida judicial que estaba por llevarse a cabo en los próximos días. El procedimiento se hizo el jueves pasado y se llevaron convenios, recibos de pagos y otros documentos referidos al contrato con la consultora.
La denuncia de una ex empleada
Con estos antecedentes y otras documentaciones personales, Laura Luisa Velázquez, hija de una afiliada al Pami y ex empleada del organismo, radicó su denuncia en la Justicia y, ante escribano público, le notificó al interventor de la Uppri, Luis Mario Fernández Risso, que se había promovido una denuncia penal, y lo intimó a que elevara las actuaciones a la Oficina Anticorrupción de la Nación.
En vez de defender los derechos de los afiliados del Pami para un mejor sistema de salud, la Uppri ha realizado su propio negocio en beneficio de sus integrantes, dijo la denunciante. En ese sentido, se expresa que se debieron observar las normas legales para contratar los servicios de una consultora a fin de mejorar el sistema de salud, pero no se cumplió con ninguno de los requisitos que establece la resolución 397/97 sobre compras y contrataciones.
A once días de haberse creado la Uppri, en octubre de 1998, sus autoridades contrataron a Consultores de Salud para la organización administrativa e informática, entre otras funciones. En mayo del 99 se renegoció el contrato y se sumaron las otras dos empresas, y cuatro meses más tarde se volvió a modificar.
La administración de los Pami I y II fue creada durante la intervención de Víctor Alderete, quien entregó el manejo de los policlínicos a los gremios.
La denunciante dijo que la consultora se constituyó sólo para ser contratada por la Uppri, ya que nació apenas dos meses antes de la firma del convenio. Y así se permitió el armado de consultoras fantasma que facturaban por prestaciones no realizadas entre 150 y 200 mil pesos mensuales, señaló.
Velázquez también quiere que se investigue sobre los integrantes de la firma. En la denuncia citó al presidente, CPN Martínez, y el vicepresidente, CPN Feijoo, de la Consultora, que también son dueños de Full Medicine, una prestadora médica de la obra social Unión Personal de UPCN. Agregó que el resto del directorio está conformado por los vocales, el doctor López Manzano y Juan Carlos Torre, que responden al gremio de UTI, y los otros dos vocales, el contador público y la abogada de la Mutual Amuppi, del gremio ATE.
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La Ciudad
