Bolivia desecha eventual intervención de OEA en su crisis

La Paz- El gobierno boliviano desechó la eventual intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis que enfrenta el país, al indicar que no se ha registrado "ninguna alteración del orden constituido".

"Las dificultades sociales que enfrenta el país serán resueltas por el pueblo boliviano en el marco de sus instituciones y mecanismos democráticos, ya que no se ha producido ninguna alteración del orden constituido que justifique una mediación internacional o buenos oficios de países amigos", señala un comunicado de la Cancillería conocido hoy.

El documento se refirió a las versiones sobre la posible consideración de la situación política por la que atraviesa Bolivia durante el período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se instalará la próxima semana en Estados Unidos.

"El gobierno garantiza la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional, tal como ha quedado demostrado en los últimos días", resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Precisa que la administración del presidente Carlos Mesa "mantiene el diálogo y la concertación como los instrumentos de su acción política para resolver las diferencias entre los distintos actores sociales y políticos del país".

Señala, además, que el gobierno "agradece y toma nota de las muestras de interés y solidaridad de los países de la comunidad interamericana, con quienes comparte los principios y valores democráticos expresados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana".

Destaca igualmente "el comportamiento democrático ejemplar de las Fuerzas Armadas en su sujeción a lo establecido en la Constitución", al tiempo que "pone de relieve la conducta intachable de la Policia en el mantenimiento del orden público".

Bolivia enfrenta en las últimas semanas marchas de campesinos y otros sectores que exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, mientras el oriente del país promueve un referéndum sobre autonomías.

En el marco de la crisis, dos tenientes coroneles, que se dijeron integrantes de un denominado "movimiento generacional", pidieron la renuncia del presidente Mesa y propusieron la instalación de un gobierno cívico-militar que nacionalice los hidrocarburos.

Los efectivos fueron retirados de las Fuerzas Armadas, en tanto que el gobierno les inició un proceso por sedición y otros delitos.

En tanto la petrolera española Repsol YPF (REP.MC) decidió suspender parte de su plan de inversiones en Bolivia de 850 millones de dólares por la nueva ley aprobada en ese país que creó un impuesto a la producción de gas y petróleo.

"Los 850 millones de dólares destinados a la inversión de riesgo en Bolivia durante el período del plan estratégico (2005-2009), corresponden a los proyectos que Repsol YPF tenía antes de la publicación de la ley 3058", dijo la empresa en el comunicado.

"En el nuevo marco legal, por el momento, los proyectos de inversión más significativos no serían rentables y como es lógico no podrán realizarse", agregó.

En La Paz, en tanto, se multiplican las manifestaciones en reclamo de mayores impuestos a la explotación de hidrocarburos y en algunos casos de la nacionalización total del gas.