Sigue la tensión en Bolivia

La Paz. — La promulgación de la polémica ley petrolera no apartó el fantasma del conflicto social en Bolivia, donde empezaron a emerger nuevos pedidos de nacionalización de los hidrocarburos, mientras el presidente Carlos Mesa enfrentaba una andanada de críticas por su “indecisión” en este tema.

Mesa optó por no pronunciarse sobre la ley energética, que finalmente debió promulgar el Congreso. A cambio anunció un plan económico y social que desató numerosos cuestionamientos, en uno de los episodios más complicados para este gobierno, que distintos sectores ven como “muy debilitado”.

Además, la ley promulgada por el Parlamento no logró aplacar las protestas sociales, y los cortes de ruta se mantenían ayer en cuatro regiones. Cientos de mineros ingresaron al centro de La Paz, que colapsó durante varias horas ante los choques protagonizados por los manifestantes y la policía.

Los desórdenes, que no dejaron heridos o víctimas, se desataron después de que los mineros lanzaran cargas de dinamita contra los efectivos que resguardaban los alrededores de las sedes oficiales, obligando a que éstos respondieran con gases lacrimógenos y usaran un vehículo blindado para dispersar la protesta.

Las juntas de vecinos de la combativa ciudad colindante de El Alto, que protagonizaron ruidosas protestas desde el lunes, anunciaron que continuarán sus presiones sobre el gobierno y hasta amenazan con un paro. Los mineros mantienen cortadas las rutas en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Congreso.



Lavarse las manos



En tanto, los cuestionamientos a Mesa provenían desde distintos bandos, entre ellos dirigentes políticos y sociales que expresaron su malestar por la indecisión del jefe de Estado, y por su intento de “responder” con un plan calificado como una “ilusión óptica”.

“Lamento mucho que el presidente ya no gobierne y deje en manos del Congreso su tarea”, sentenció el líder cocalero Evo Morales, jefe del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), quien advirtió que “el pueblo está cansado de maniobras”. Evo, como se lo conoce en Bolivia, estimó que Mesa “sigue perjudicando al país por no tomar posiciones patrióticas”.

Mario Cossío, quien encabeza la Cámara de Diputados, consideró que la ley petrolera es un tema en el que nunca podía callar un presidente de la República. “No estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de la ley más importante que se tiene en la agenda y que requeriría de una respuesta contundente”, apuntó.

Germán Antelo, presidente del poderoso Comité Cívico de la región de Santa Cruz (oriente), manifestó su pesar porque el gobernante “no haya cumplido su palabra de hacer observaciones a la ley”. A su vez, el presidente del Comité Cívico del departamento de Potosí (suroeste), René Navarro, indicó que Mesa “se volvió a equivocar y no quiere asumir su responsabilidad”.

Los empresarios también manifestaron su descontento por la promulgación de esta ley, que las petroleras tildan de “confiscatoria”. “Con esta ley se inviabiliza el país. Estamos condenados al subdesarrollo para siempre, no vamos a poder utilizar los recursos energéticos para resolver nuestros problemas económicos, porque las empresas petroleras no van a invertir”, sostuvo Roberto Mustafá, de la confederación de empresarios privados.

Branco Marinkovic, de los empresarios de Santa Cruz, señaló que el jefe de Estado “está tratando se lavarse las manos de una ley que hizo con Evo Morales”, una clara afirmación que indica que la oposición al presidente está dividida.



Riesgo de desintegración



Otros sectores fustigaron el “Plan Bolivia productiva y solidaria” que Mesa anunció la noche del martes, en un discurso que duró cerca de 70 minutos, uno de los más largos de su gobierno. “Es una jugada de distracción para no asumir una responsabilidad con el pueblo de Bolivia. Un hombre que no es capaz de decir «ésta es mi posición frente a una ley de hidrocarburos» pretende decir ahora que es capaz de ejecutar un plan”, afirmó el diputado Dante Pino, de la Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Luis Eduardo Siles, vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, calificó esa política como “una ilusión óptica”.

Los analistas, por su parte, alertaron sobre el progresivo debilitamiento de Mesa al asegurar que busca “sobrevivir” hasta agosto de 2007, cuanto termina su mandato. “El presidente sobrevive con una pequeña tabla de madera en medio de una turbulencia y de unas fuerzas que ya no controla, y con las cuales mantiene de rato en rato una conflictividad muy riesgosa”, señaló el politólogo Alvaro García Linea.

El analista Jorge Lazarte dijo, entretanto, que “el problema del gobierno ya no es el país sino el propio gobierno”. A su juicio, con esas actitudes, “se deteriora la imagen presidencial y se siembran dudas sobre la continuidad del gobierno”.

Pero fue el comandante del Ejército, general César López, quien encendió la alerta en torno al futuro del país. “Mi deber es pedir a todos los políticos, movimientos sociales, a los poderes Ejecutivo y Legislativo y el pueblo en general, buscar la unidad nacional, porque sentimos que estamos en el camino de la desintegración”, advirtió.

Este llamado se produce mientras la región de Santa Cruz promueve la implantación del modelo de autonomías, que para sus detractores puede marcar el inicio de una secesión, mientras otros sectores plantean una Asamblea Constituyente para “refundar” la nación.

Los mineros reclamaron la nacionalización de los recursos energéticos.