Acerca de la suspensión de la ley Borgonovo

Juan Carlos Millet (*)

El debate sobre la continuidad y la conveniencia de la ley que reduce el número de concejales ha recuperado plena vigencia. Se trata de una cuestión que directamente determinará la calidad de la democracia en la ciudad. Por eso es necesario analizar objetivamente la situación que dio lugar a la ley y, a la luz del tiempo transcurrido, ver si en realidad remedia o profundiza los males que supuestamente venía a solucionar.


El contexto histórico
La ley fue ideada en el fragor de los cacerolazos, en tiempos de una fuerte protesta popular que tenía como destinatarios a la política en general y a los políticos en particular. Eran tiempos de absoluta crisis de representación, pero de una crisis motivada por una parte en el fracaso del modelo económico, la exclusión, la miseria, la inseguridad; y por la otra, en la corrupción, el doble discurso, la mentira, que caracterizó la vida política de los 90. Frente al abismo abierto entre la sociedad y la política, se instaló el supuesto de que para cerrar la brecha solamente se necesitaba una reforma política profunda.

Se trataba de una verdad a medias, basada en un diagnóstico simplista, pero los creativos que nunca faltan, se abocaron a ella montándose en otro reclamo: el de disminuir los gastos de la política. Es obvio que, a juzgar por los resultados, cualquier dinero puesto en el sistema político aparece como excesivo, pero esto es una consecuencia y no una causa de la crisis de representación. Aun así, se aprobó en la provincia una ley que disminuye la cantidad de concejales en las ciudades de Rosario y Santa Fe. Una medida que supuestamente venía a resolver un problema de la sociedad -la crisis de representación-cuando en realidad lo que hace es profundizarla... Veamos si no.


La calidad de la democracia
En primer lugar, cuanto menor es la cantidad de miembros que tiene un cuerpo legislativo, menores son las posibilidades que tienen las minorías de conseguir bancas. En el caso de Rosario por ejemplo, cualquiera de los nuevos grupos políticos que aparecieron precisamente para expresar intereses que no se veían representados por los partidos políticos tradicionales, deberían, gracias a esta ley, obtener un mínimo de 40.000 votos para conseguir un lugar en el Concejo. Es decir, más del doble de lo que se necesita para obtener un diputado provincial, lo que prácticamente les veda el acceso al Concejo.

En segundo lugar, cuando las minorías se quedan sin representación, ésta es ejercida, en forma casi exclusiva, por el que gana, (el oficialismo), y en menor medida por el que sale segundo. Esto conspira contra la calidad de la democracia, porque justamente es el Concejo Municipal quien debe fiscalizar al Departamento Ejecutivo. En los hechos ocurre que la ley genera una fuerte pérdida de control: impide la llegada de expresiones políticas nuevas, (obligándolas a estándares excesivamente altos) y deja así a la Intendencia prácticamente con una mayoría automática en el Concejo. Con todo lo que esto significa.

Con esta ley se repite en Rosario lo que tanto combatimos y que tantos trastornos y dolor nos ha causado en la provincia, donde hay una Constitución absurda que le otorga mayoría absoluta en el poder legislativo al partido que gana la Gobernación. Es increíble que aun así haya dirigentes políticos, con una fuerte tradición democrática, que defiendan su continuidad. ¿Demagogia?, ¿ignorancia?


Errores y falacias
En su momento se argumentó que con esta ley se disminuiría el gasto de la política, lo que lógicamente generó adhesiones de la gente. Pero si miramos lo que ocurrió con el presupuesto del Concejo, vamos a ver que esta no fue ni puede ser hoy la razón de su implementación: el presupuesto de Rosario le asigna al Concejo Municipal el 1,8% del global, lo que está por debajo de lo considerado correcto según pautas nacionales e internacionales. Ese porcentaje además, sigue siendo el mismo que tenía cuando eran 44 concejales y ahora sólo son 32.

Para mantenerla se dice también que no hay que modificar las leyes de manera oportunista, que no se deben alterar las reglas de juego. Es cierto que los que ayer impulsaron esta norma hoy la quieren sacar y es válido pensar que algún interés tuvieron entonces que no era precisamente el de la ciudadanía. Pero este no puede ser motivo suficiente para que quienes antes eran los primeros en advertir los perjuicios que esta ley le traería a la democracia, hoy estén a favor de profundizarla.

De ser así, es válido pensar que quienes hoy quieren seguir con la norma, aun cuando estuvieron en contra de su sanción, lo hacen también por intereses similares.

En todo caso entonces el argumento del oportunismo sirve en ambas direcciones, antes le convenía al PJ y ahora le conviene al PS. La pregunta es: ¿cuándo haremos lo que le conviene a la gente?

Desde mi perspectiva lo verdaderamente importante debe ser despejar este tremendo engaño-error que es la ley Borgonovo porque, de esta manera, más allá de que convenga o no a nuestros intereses partidarios coyunturales, estaremos dando el paso en el sentido correcto.

Quienes defienden hoy la continuidad de la ley recurren a un argumento falaz y efectista diciendo que se quiere aumentar el número de concejales y con ello el gasto, cuando en realidad de lo que se trata es de mantener la reducción que ya operó y que llevó el número de concejales de 44 a 32.

Desechamos ese argumento porque, como se dijo, el presupuesto no varió, no variaría y de todos modos sigue siendo menor al recomendado. Pero sí pedimos detener la reducción de bancas en este punto para evitar los efectos casi proscriptivos que tendría sobre las minorías, con la potencial pérdida de controles sobre el Departamento Ejecutivo, con lo que ello significa y sus consecuencias: la degradación de la ya escasa credibilidad en el sistema republicano.


Autonomía municipal
A favor de la ley también se esgrime contradictoriamente la defensa de la autonomía y la necesidad de la reforma constitucional en la provincia. Por empezar, la ley de reducción de concejales fue y es francamente contraria de la autonomía. Sobre todo si tenemos en cuenta que fue sancionada mucho después de la reforma de la Constitución nacional del 94, con nuestra propia reforma constitucional pendiente y con una amplia y difundida aceptación de la autonomía a los municipios de primer grado como un valor entendido por todos. Ese fue el contexto en el que se impuso la modificación de las composiciones de los cuerpos colegiados de Rosario y Santa Fe, sin hacerles ningún tipo de consulta.

Suspender sus efectos entonces protege el futuro de una autonomía consensuada, evitando mayores daños, dando tiempo para que, una vez sancionada la reforma constitucional (y hay un proyecto presentado por el gobernador), sean los propios Concejos, en el uso de la autonomía, quienes determinen el número de representantes directos de los rosarinos en el Concejo Municipal.

¿Qué pasaría si la autonomía llega cuando los efectos definitivos de la ley ya se han consumado? Lamentablemente la discusión sobre la forma definitiva la harán unos pocos debatiendo casi exclusivamente la visión y los intereses de un par de partidos políticos.

En definitiva, la suspensión de la ley Borgonovo en los hechos significa:

* Mantener el número actual de concejales. No aumentarlos.

* Mantener el mismo presupuesto para el Consejo Municipal. No aumentarlo.

* Garantizar la participación de las minorías. No excluirlas y así evitar la instalación de mayorías automáticas.

* Reafirmar nuestro compromiso con la autonomía garantizando que cuando ésta sea plena, la discusión de los temas que hagan a su ejercicio se concreten con la mayor diversidad posible de actores (no sólo con mayorías).

* Apoyar la necesidad de una reforma constitucional, que entre otras, termine también con el sistema de mayorías y minorías en la Legislatura provincial, cambiándolo por un sistema proporcional que evite las nefastas mayorías automáticas, sean éstas del signo que sean.

(*) Diputado provincial (UCR)