El gobierno desistió de impulsar acciones contra Beliz

El Gobierno de Néstor Kirchner desistió de impulsar acciones contra el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien de todos modos fue denunciado hoy por presunta violación de secretos de Estado mediante presentaciones de particulares sobre las que ahora deberá expedirse la Fiscalía Federal.

De acuerdo con la información suministrada a DyN por fuentes judiciales, hubo denuncias contra Beliz radicadas, por vías separadas, ante los jueces federales María Servini de Cubría y Sergio Torres, pero ninguna correspondió a acciones promovidas por la administración Kirchner, que el sábado echó al entonces titular de la cartera de Justicia.

Tras su traumática salida del Gobierno, Beliz contó por TV que la SIDE incrementó en 2003 su presupuesto en 100 millones de pesos mediante el traspaso de fondos de otras reparticiones.

Dijo que el mecanismo fue autorizado a través de cuatro decretos secretos y mostró en pantalla una fotografía de Antonio "Jaime" Stiusso, jefe de Contrainteligencia de la Secretaría que, según el desplazado ministro, tiene el control de organismo pese a que su titular es Héctor Icazuriaga.

Por eso, Beliz no sólo fue acusado hoy de violar secretos de Estado sino también por el delito de omisión de denuncia, ya que recién cuando fue expulsado del Gabinete reportó, públicamente pero no ante los tribunales, las graves irregularidades que atribuyó al Gobierno de Kirchner.

El fiscal Gerardo Di Masi, según supo DyN, dictaminaría en las próximas horas en favor de concentrar las dos denuncias radicadas hoy contra Beliz en un sólo juzgado. Se trata de las presentaciones efectuadas por los abogados Alejandro Pérez Cárrega -ex subsecretario de Seguridad bonaerense en el período 1994-96- y Denis Pitté Fletcher.

"Beliz no podía desconocer que era un funcionario amparado por la ley de Inteligencia, ni la existencia del artículo 222 del Código Penal", subrayó Pérez Cárrega en referencia a la norma que prevé de uno a seis años de cárcel para quien vela secretos políticos o militares concernientes a la seguridad.

Y remarcó que el ex ministro "se pasó un año hablando de la corrupción en el fuero federal, pero se fue sin hacer una sola denuncia".

Para Fletcher, en tanto, Beliz cometió una "imprudencia" al exhibir por TV la foto de Stiusso, que de todos modos declaró en el juicio público por el atentado terrorista contra la AMIA, por lo que su imagen era conocida por quienes asistieron al debate.

El Gobierno, en tanto, hizo saber que "no hay ningún interés de denunciar" a Beliz, que de todas maneras será investigado si prosperan las denuncias radicadas hoy en los tribunales.

Por su parte el titular de Recrear, Ricardo López Murphy, afirmó que su partido pidió en el Congreso que "se activen las comisiones bicamerales de Inteligencia y Seguridad para convocar al ex ministro a que haga una exposición en un órgano formal del Poder Legislativo para demandar las responsabilidades políticas".

El diputado justicialista Humberto Roggero presentó también un pedido de informes en la Cámara baja para que el Poder Ejecutivo responda las acusaciones de Beliz sobre las funciones reales de la SIDE y el manejo de los fondos de ese organismo.

Y el flamante titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Angel Pesce, consideró que "es necesario" ejercer un control más exhaustivo del dinero que maneja la SIDE, "especialmente para que la sociedad esté tranquila acerca de que esos fondos se utilizan exclusivamente en acciones de seguridad y de inteligencia que hacen a la defensa nacional".

Horacio Rosatti, el sucesor de Beliz en la cartera de Justicia, tomó distancia de las imputaciones del ex ministro y afirmó que la investigación por sus dichos corresponde al "Poder Judicial", mientras el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que el Gobierno "no ha pensado" en efectuar ninguna denuncia.

Roggero recogió en su proyecto de resolución las graves denuncias formuladas por Beliz el domingo último y dijo que, de las explosivas palabras del ex funcionario surge que la SIDE "realiza acciones que escapan a su misión y funciones", es utilizada para "el desvío de fondos" y ejecuta "manejos sucios" ajenos a los que le estipula la ley.

El nuevo síndico Pesce, a su turno, explicó que "la ley 18.302 establece claramente el destino que tienen que tener"# los fondos de la SIDE, que se ocupa de "la seguridad del Estado y la Inteligencia. Cualquier desvío sería malversación".