La Justicia mexicana desechó acusación contra el presidente Echeverría

Ciudad de México.- Un juez federal de México declaró prescripto el delito de genocidio que un fiscal le imputó al ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) por la muerte de decenas de estudiantes en una manifestación de 1971. El fallo era esperado con enorme expectativa en México, ya que el enjuiciamiento de Echeverría tiene amplias resonancias políticas e históricas. El caso golpea especialmente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México por siete décadas hasta 2001.

El argumento del juez federal Cesar Flores, para desechar la solicitud del fiscal, se basó en que el delito de genocidio "ya prescribió". "Las órdenes de arresto se negaron justamente por prescripción; cuando un juez recibe un asunto lo primero que tiene que analizar es si los hechos han prescrito; así el juez ya no entra al fondo de la acusación porque es innecesario", explicó a su vez el abogado defensor de Luis Echeverría, Juan Velázquez.

El fiscal Carrillo entregó el jueves, un voluminoso expediente en el que fundamentaba su acusación contra el ex presidente, quien según el fiscal es responsable de una matanza de estudiantes en 1971. El 10 de junio de ese año, una manifestación de miles de estudiantes en la capital mexicana fue disuelta violentamente por las fuerzas de seguridad, entre las cuales había un grupo paramilitar denominado "Los Halcones", con un saldo de decenas de muertos.

Además de Echeverría, el fiscal solicitaba al que incluyera en el mismo proceso al ex secretario (ministro) de Gobernación Mario Moya Palencia, al ex procurador Julio Sánchez Vargas, y a otros ex responsables de seguridad de la época.

Según la defensa del ex mandatario, en esos hechos "no hubo genocidio, pero aún suponiendo que ese absurdo se hubiese dado, en aquella época había un plazo de 30 años para que prescribieran" los delitos, lo que habría sucedido el 10 de junio de 2001, apuntó Juan Velázquez.

El fiscal insistía en que en este caso se aplicaba la imprescriptibilidad de los crímenes, porque México signó desde 1966 sin reserva alguna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Echeverría, de 82 años, se mantuvo en su casa, al sur de la ciudad de México, en espera de la resolución judicial. La Fiscalía especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo de la acusación, fue creada por el presidente Vicente Fox a finales de 2001, un año después de que derrotó en las urnas al PRI.