Un sistema cuestionado

El actual reparto de fondos está amparado en la ley 23.548 del año 1988 y aunque la Constitución del 94 fijó que dos años después se debía instrumentar un régimen definitivo de coparticipación, las urgencias e intereses políticos primaron sobre los tiempos legales fijados por la Carga Magna. Ahora, con la presión del FMI el debate se reavivó, pero hay pocos indicios de que en agosto de este año (el último plazo autoimpuesto por el gobierno y legisladores) pueda llegar a su término. Esto es esencialmente así porque las provincias más grandes, como el caso de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, presentan disidencias con el proyecto oficial y porque desde la Nación prefieren firmar una ley de corresponsabilidad fiscal y patear el problema para adelante.

El coordinador general académico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Mauricio Mazzón, resumió los cuestionamientos a la actual fórmula de distribución de recursos:

* El actual esquema estaba planteado como transitorio, con lo cual expresa la fragilidad institucional y demuestra que en ese momento cada jurisdicción agarró para sí lo que pudo.

* El mismo se dio en el marco de una crisis económica.

* Luego se dieron sucesivas modificaciones basadas en pactos fiscales, todos sin lógica ni objetivo.

* Esta situación generó la complejidad del actual sistema, caracterizado por la discrecionalidad.

* A través de los pactos se produjo un aumento constante de la asignación específica de recursos por fuera de la coparticipación, de los cuales se desconoce si responden a necesidades reales de las provincias y sobre qué criterios se distribuyeron.

* El actual régimen carece de criterios objetivos de reparto (que fueron reemplazados por juegos de pujas políticas), lo que oculta situaciones "inequitativas y de ineficiencia".

* Ante esto, se generaron desincentivos, al alejarse del concepto de correspondencia fiscal. "De hecho 19 provincias no llegan a recaudar el 30% de lo que gastan", dijo Mazzón.